· Víctimas de trata, víctimas de género y de la pobreza

 

 · Javier Bauluz

Sandra está pendiente del teléfono esperando la respuesta a una entrevista de trabajo. Busca cualquier empleo, ha trabajado de camarera en bares y hoteles, de dependienta y ha hecho todos los cursos de formación que ha podido. Aunque puestos a poder elegir, prefiere cuidar a niños o ancianos. Su presencia y su tono durante la conversación son contundentes. Tiene 31 años aunque hay vidas y contextos en los que la edad no nos dice nada de la experiencia acumulada ni de etapas vitales. Sandra y el resto de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual entrevistadas por Periodismo Humano para este Especial, son mujeres a los que sus contextos, sus decisiones y la vida les ha colado más obstáculos de los narrables –¿cuántos no se habrán quedado en el tintero de la memoria, borrados por la concatenación de desgracias?–, pero que han tenido que ir superando porque seguía amaneciendo, convirtiéndolas en mujeres en las que casi se materializa la capacidad de supervivencia del ser humano, o “mujeres que no se rinden” como reza el eslogan de la Fundación de Solidaridad Amaranta

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Sandra relata su vida asépticamente, sin autocompasión ni normalización de los abusos sufridos. Sólo a veces su fortaleza brota con tono de sorna, cuando la sucesión de dificultades se hace abrumadora incluso en el relato. Mientras, su teléfono no para de vibrar: es el presente y espera que tenga nombre de un trabajo.

Sandra tenía 17 años cuando “como forma de agradecimiento a su abuela, la persona que más quería en el mundo”, con la que vivía por el alcoholismo de su padre -nunca menciona a su madre-, decide que va a darle una vida mejor viniendo a España. Para ello, consigue el teléfono de una mujer que trae a gente y que le asegura que aquí no faltan oportunidades laborales para muchachas como ella, pero que tendrá que comprometerse a pagarle el coste del viaje en avión. “Como yo pensaba que aquí caía el dinero del cielo le dije que sí, claro”. Poco después el hermano de su “jefa” fue a buscarla “y me llevó a un brujo que me dijo que si yo no pago me muero, o que esa mujer puede hacer lo que quiera con mi familia. Me dieron algo para comer, luego me pidió cosas de mi cuerpo (cabello de la cabeza, de los genitales y de las axilas, y uñas de los pies y manos)”.

Sandra (Javier Bauluz)

El caso de Sandra es paradigmático de la trata de mujeres con fines de explotación sexual con origen nigeriano. El empleo del vudú como forma de coacción, las redes de cercanía con el entorno familiar y las amenazas contra éste, así como la trampa de una deuda que puede alcanzar los 60.000 euros. En el caso de Sandra, como ella dice, “tuve suerte” porque fueron 45.000 euros los exigidos ya que finalmente el viaje no fue en avión, sino a pie con otras “sesenta y pico personas”, lo que les llevó un año y medio “porque no había dinero para coche”. Desde Nigeria a Marruecos. En el camino por el desierto, verse sobreviviendo gracias a “beberse la propia orina”, convivir con compañeras de viaje que tienen que dejar sus bebés -muchas veces fruto de violaciones cometidas por sus tratantes- “porque no tienen para alimentarlo y porque queda mucho hasta su destino”. En patera hasta España, que vuelca lo que provoca la muerte de doce personas. Varios medios de transporte más para llegar a Palma de Mallorca, donde le esperaba su “chula”. “Cuando me llevó a un club para trabajar, yo nunca había visto a gente así, desnuda, con tanga. Y después ella me dijo que me toca a mí. Es una vida muy dura. Llamé a mi abuela y me dijo que volviera pero la jefa me dijo que aunque regresara iba a tener que pagar. ¿A dónde voy a encontrar 45.000 euros en Nigeria?”.

Llegó en abril de 2002 y terminó de pagar la deuda en 2011. “Cuando les digo a mi familia que aquí no es tan fácil, no me creen. Pero es normal, yo tampoco lo creía cuando alguien me lo decía”. Sandra sale pitando a una entrevista de trabajo. Tiene 31 años, fue víctima de trata, pero también y gracias a sus agallas y al apoyo de la Asociación por la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituta. (APRAMP), Sandra ha aprendido español -cuando ni siquiera sabía leer y escribir-, informática, y lo que haga falta para seguir adelante.

España, uno de los principales países de destino de mujeres víctimas de trata

España es uno de los 20 principales países de tránsito y destino de las víctimas de trata, según un informe de la ONU. Hace apenas unos años no se hablaba de este asunto. En cambio, hoy esta frase es más que familiar para muchos lectores. Fue a en el año 2000 cuando la forma más evidente de esclavitud actual consiguió la atención debida a nivel internacional. Una Convención de las Naciones Unidas daría lugar al Protocolo de Palermo [pdf] que entraría en vigor en 2003 y que se ha convertido en el marco general desde el que los Estados firmantes enfocan la lucha contra estos crímenes que definieron como

“La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogos a las esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

De hecho, los términos “explotación sexual” y “explotación de la prostitución ajena” son intencionadamente indefinidos para que cada país pudiera adaptarlo a su legislación sobre la prostitución, ya la persigan, la regulen o la permitan.

Las cifras son estimaciones con horquillas muy amplias por la dificultad que conlleva la identificación de las víctimas de trata, por tratarse de un delito oculto y por la ideologización que media el tema de la prostitución y, por darse en los mismos contextos, de la trata. Desde las 800.000 personas víctimas de trata cada año que estima el Departamento de Estado de EEUU en su informe de 2008, hasta los cuatro millones de mujeres y niñas que son compradas y vendidas cada año según Naciones Unidas, convirtiéndose en el tercer negocio más lucrativo sólo por detrás del tráfico de armas y las drogas, 12.000 millones de dólares al año. Los países de origen más significativos en España son Rumanía, Nigeria, Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia…

Tanto el Protocolo como la adaptación de estos a la legislación española que comenzó con la ley 2/2009 contra la trata así como la reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, introducen un aspecto fundamental que, a menudo, ha sido esgrimido como coartada por los explotadores, el del consentimiento. “El consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso a medios ilícitos”.

El cambio sustancial vino de las reformas legislativas de 2009 y 2011, en las que se introducía la protección a las víctimas de la trata de forma específica y definía el delito, buscando el consenso, de la siguiente manera.

“El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres a seis años”.

Clara Corbera es abogada de la Fundación de Solidaridad Amaranta [entrevista completa], organismo responsable del proyecto SICAR creado hace una década en colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para responder a la demanda de la Policía que, por aquel entonces, empezaba a desmantelar redes de trata y que entendía que los calabozos o las comisarías no era un lugar donde hospedar a las víctimas. Avalados por el trabajo de la congregación religiosa Adoratrices, a la que pertenecen y que lleva un siglo atendiendo a mujeres vinculadas con la prostitución, en riesgo de exclusión social y víctimas de trata, gestionan una casa de acogida donde las que lo deseen reciben un apoyo global.

“Nuestra metodología se basa en ser capaces de analizar la situación y partir de una valoración de la situación compartida con la mujer: dónde estás, qué te preocupa, qué necesitas y hacia dónde quieres ir. Y vamos dando diferentes apoyos para ir consiguiéndolo, desde el aspecto de la salud y el bienestar (toda la dimensión de relaciones personales, el ocio, el descanso..), la inserción y la faceta laboral, lo jurídico y el manejo de la vida cotidiana si viven con nosotros. De tal forma que si una mujer no quiere abordar desde lo psicológico determinados temas, no lo hacemos. Es decir, partimos de aquello que la mujer detecta como un interés en ese momento. Y el tema del abandono de la prostitución no lo abordamos si ella no lo quiere. Trabajamos siempre de la mano de la mujer”, nos explica una de las trabajadoras sociales que trabaja en el Proyecto SICAR desde sus inicios.

La letrada Corbera resume los avances legislativos nacionales en este tema. “En los últimos años ha habido una evolución muy importante respecto a la protección de la víctima. Contamos con una modificación muy importante del Código Penal que tipifica el delito de trata específcamente (…). Y paralelamente han habido modificaciones de la Ley de Extranjería, el artículo 59 bis, y el desarrollo reglamentario, muy importante porque incorpora cuestiones que venían en la Directiva del Consejo de Europa de protección específica a la víctima: cuando se habla del período de reflexión de 30 días para decidir si quiere denunciar (…) sus derechos a asistencia psicológica, jurídica, la ampliación de esa protección a los hijos menores. Por tanto, una víctima, identificada, que denuncie, es susceptible de esta protección”.(sigue)

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