Cuando la ley es la impunidad. Por Adrián Ventura


El GAFI critica a la Argentina porque la Justicia no condena el delito del lavado de dinero y la legislación es muy inconsistente. Por ello pide medidas necesarias

Hubo que esperar que Estados Unidos solicitara su detención para que un financista colombiano vinculado con el narcotráfico, que vivía tranquilamente en Puerto Madero desde 2005, fuera arrestado en Ezeiza. El Gobierno lo había detectado en 2006 y el fiscal Raúl Plee lo había denunciado en 2009, pero ningún juez lo había arrestado.

No es la primera vez que absurdos de este calibre ocurren en el país. En enero de 2011, un juez y la policía de Barcelona incautaron en el aeropuerto de esa ciudad un lujoso jet privado con 940 kilos de cocaína a bordo, que era tripulado por los hermanos Juliá, quienes quedaron detenidos. Pero ningún juez ni policía había impedido que la nave despegara desde Ezeiza. Y, transcurridos varios meses, el juez penal económico argentino aún no indagó a los cómplices.

Volvamos al misterioso financista. En 2006, un banco reportó que había realizado una transacción sospechosa. Además, escudado en una nube de sociedades, compró inmuebles y campos en la provincia de Buenos Aires. Nadie encontró justificación para tal fortuna. Lo que el juez federal no pudo probar es que se trataba de un narco.

Entonces, el magistrado decidió que no lo podía investigar por lavado -porque mientras no se reforme la ley, si un delito deja un rédito pecuniario se puede castigar al autor del delito, pero no el lavado que hace para encubrirlo- y remitió el caso a un juez penal tributario, para que lo investigara por evasión. Distintas razones técnicas, la burocracia judicial y la falta de datos suficientes sobre el narcotráfico pueden explicar el ping-pong de la causa, pero el resultado es categórico: el hombre se movía libremente.

Esta historia es un buen ejemplo para explicar por qué hay que reformar la ley de lavado de dinero. Sin embargo, el apuro del Gobierno no exculpa sus muchas torpezas:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) critica a la Argentina porque la Justicia no condena este delito y la legislación es muy inconsistente. Finalmente, dictó varias normas necesarias.
Pero el Gobierno debió haber corregido el sistema mucho antes, desde el momento en que advirtió que el país se convertía en la meca de varios narcolavadores y traficantes.
Ahora, el Gobierno quiere aprobar un proyecto de la ley de lavado. El eje de la norma es correcto, pero tiene un punto que aleja la posibilidad de un acuerdo político: la oposición pretende que la UIF sea autónoma frente al Poder Ejecutivo. El cuestionamiento no apunta al actual titular de la UIF, José Sbatella, sino a la posibilidad de que se use el organismo como instrumento de persecución política. No hay que buscar rédito político, sino eliminar la impunidad
Fuente: La Nación

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