EDITORIAL EN PRIMERA PERSONA

¿Cuál es el límite del kirchnerismo?

¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar a la hora de justificar lo injustificable? Me pregunto ambas cuestiones con enorme preocupación, luego de observar en las últimas horas que un informe del programa ultra kirchnerista 678 me acusa de estar detrás de los «escraches» de los últimos días llevados a cabo, tanto contra el enriquecido secretario Guillermo Moreno, como contra el polémico juez Norberto Oyarbide.

No es nuevo el dato, ya en otro informe me habían acusado de ser el responsable del cacerolazo del 13 de septiembre pasado, y mucho antes de ser agente de la CIA y hasta hombre de Clarín y de Eduardo Duhalde al mismo tiempo. Un disparate que no merece siquiera refutación (1).

¿Alguien puede creer realmente que tengo el poder de manipular a miles de personas para que protesten contra un gobierno que cuenta con el más poderoso aparato de prensa de la historia argentina?

A diferencia del kirchnerismo, que maneja un conglomerado de más de 110 medios de diversos formatos, solo soy director Ejecutivo del portal de Internet Tribuna de Periodistas. Nada más. ¿Qué influencia puedo tener, insisto?

Por si esto no fuera suficientemente elocuente, debo aclarar que ni siquiera tengo mayor gravitación en el portal que tengo el honor de dirigir, el cual depende de un cuerpo de editores y ostenta una transparencia del que pocos medios pueden jactarse. Por caso, TDP tiene un completísimo manual de Estilo y cuenta con un Defensor del Lector que suele publicar columnas durísimas contra el mismo sitio. ¿Cuántos portales alineados al kirchnerismo pueden jactarse de lo mismo?

Volviendo al centro de la cuestión, me preocupa sobremanera la escalada que ha iniciado el Gobierno contra mi persona y, por qué no, contra TDP, no tanto por lo que pudiera ocurrir conmigo en particular, sino más bien por el creciente manoseo de la República que sucede en estas horas.

Cuando juran que soy quien está detrás de los cacerolazos contra Moreno y Oyarbide —entre otros hechos—, ¿cuál es la prueba con la que cuenta el oficialismo? ¿Sabrá algún funcionario del gobierno que mientras esas manifestaciones ocurrían yo estaba en la provincia de Mendoza, donde vivo desde hace años?

No es tranquilizador el señalamiento de 678 justo cuando han comenzado a judicializarse los «escraches» a funcionarios. ¿Debo presumir que el Gobierno intenta colarme por la ventana en esa denuncia, de la cual el ministro Julio Alak se niega sospechosamente a dar precisiones?

El asunto es crucial, porque el kirchnerismo ostenta desde hace tiempo cierta incomodidad para con las redes sociales y el poder que estas han demostrado en torno a las últimas manifestaciones ciudadanas. En tal sentido, Alak ha admitido que se busca llevar tras las rejas a quienes promovieron los cacerolazos y «escraches» de las últimas semanas.

Sin haber sido uno de los propulsores de esas manifestaciones —me he excusado incluso de opinar cuando me han preguntado al respecto— no dejo de preguntarme algo crucial: ¿Cuál sería el delito de impulsar movidas ciudadanas de cualquier tenor? ¿Se animará el kirchnerismo a llegar al extremo que mostraron los países árabes para desactivar los reclamos populares?

El siempre polémico ministro de Justicia fue aún más allá al asegurar que cuenta en su poder con correos electrónicos pertenecientes a los que pergeñaron la movida, los cuales fueron presentados ante la Justicia. ¿Sabrá Alak que admitió haber cometido un delito, ya que solo un juez puede autorizar la intrusión en casillas de mails?

Es evidente que lo que prepara el Gobierno, más que perseguir un acto de reparación, tiene que ver con imponer cuotas de miedo a aquella prensa que se animó a seguir de cerca la crónica de las manifestaciones sociales de los últimos tiempos.

Y allí aparece un nuevo e incómodo interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre promover e informar mediáticamente? ¿La conocerá el oficialismo o fingirá no hacerlo para avanzar en sus polémicos planes? Peor aún: ¿Harán lo de siempre, señalar sin evidencia y dejar que pase el tiempo para que la mancha quede en el «timeline» de los acusados?

Pensar que la bronca de cientos de miles de personas que han salido espontáneamente con sus cacerolas son el producto del eventual «lavado de cerebro» llevado adelante por tres o cuatro periodistas sin poder real, es absurdo. Eso sí, cierra muy bien al discurso oficial de eterna victimización.

No me preocupa esta nueva avanzada contra mi persona por parte del Gobierno, sino la escalada que no cesa. ¿Cuál será la próxima acusación, asesinato, violación? ¿Qué me depara el destino?

A esta altura hay algo aún más preocupante, y es que el kirchnerismo insista en hacer caso omiso al reclamo que una gran parte de la ciudadanía le ha hecho el pasado 13 de setiembre. En lugar de ello, se ha desacreditado a los que se manifestaron y se «ningunearon» sus válidos pedidos. Pregunto a ese respecto: ¿Qué camino les queda a esos ciudadanos para que los escuche el poder?

Sorprende sobremanera la estupidez que reposa en ciertos referentes del Gobierno, una suerte de virus que cada vez ataca a más y más funcionarios. No algo de lo que estén exentos ciertos medios alineados al Gobierno, como 678, Tiempo Argentino, Página/12 y revista Veintitrés.

Yo espero sinceramente que les estén pagando muy bien a los periodistas que se desempeñan allí por su complicidad ante la mentira oficial; así al menos podrán compensar de alguna manera el grave daño que le están haciendo al periodismo y a la sociedad toda.

 

 

Christian Sanz

(1) Mis duras notas contra Clarín se pueden ver en el buscador de TDP, lo mismo que los artículos de denuncia contra Duhalde y sus vínculos con las drogas.