Cristina Kirchner, ante su más grave acusación – Editorial – LA NACION

 

LA PRESIDENTA ARGENTINA, CRISTINA FERNçNDEZ DE KIRCHNER, VISITA RUSIA

Casi dos años de que el desaparecido fiscal federal Alberto Nisman acusara a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios y dirigentes kirchneristas de querer encubrir el papel de Irán en la voladura de la AMIA, esa denuncia, que pese a su gravedad había sido desestimada en diversas instancias judiciales sin abrirse investigación alguna, ahora finalmente será investigada.

Así lo ha ordenado la Sala I de la Cámara de Casación con los votos de los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y la presidenta, Ana María Figueroa, quien mediante una disidencia parcial consideró que si bien hay que investigar, no habría delito. La Cámara no ha avalado el contenido de la denuncia, sino que ha ordenado que la hipótesis sea investigada.

Como hemos sostenido en esta columna desde el comienzo, al margen de la entidad que pudieran tener en un primer momento las pruebas mencionadas por Nisman en su denuncia, el autor de ésta estaba al frente, por decisión del régimen kirchnerista, de la Unidad Fiscal AMIA y, además, murió pocos días después de realizarla en circunstancias que la Justicia aún debe esclarecer, pues existe la fundada sospecha de que su denuncia pudo estar relacionada con su muerte.

Pero lo más grave de todo y lo que tornaba insoslayable una investigación inmediata, rápida, objetiva e independiente era y es que se acusaba a la entonces presidenta, a su canciller Héctor Timerman y a importantes figuras del kirchnerismo como Luis D’Elía y el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, de haber encubierto el papel de los iraníes acusados por la justicia argentina como autores del peor atentado en la historia de nuestro país. La voladura de la mutual judía, en julio de 1994, ocasionó la muerte de 85 personas y heridas a centenares.

Ante semejante imputación, la ex presidenta y Timerman deberían haber solicitado en el acto ser investigados para despejar toda duda. En cambio, lo que siguió fue una triste danza en los tribunales que alimentó aún más las sospechas, pues funcionarios judiciales afines al kirchnerismo bloqueaban en las diversas instancias los caminos para iniciar la investigación, que, finalmente, se pondrá en marcha con dos años de demora. Para la ex presidenta se trata, obviamente, de una imputación más grave desde el punto de vista moral que las que va acumulando en materia de corrupción.

Es importante destacar que el fallo de la Sala I de Casación apartó del caso al juez federal Daniel Rafecas y a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Estos tres escandalosos magistrados se habían opuesto a impulsar la denuncia de Nisman. Luego de un sorteo, el expediente recayó en el juez federal Ariel Lijo.

Según el desaparecido fiscal, el instrumento mediante el cual los acusados habrían procurado encubrir el papel de Teherán fue un memorándum rubricado con Irán para crear una “comisión de la verdad” integrada por juristas extranjeros, que debían revisar el sumario del atentado y evaluar la solidez de las pruebas por las cuales se imputaba a funcionarios y ciudadanos iraníes. Este punto, el de la comisión de la verdad, fue el que más destacó Nisman en su pedido de investigación. De hecho, la creación de esa comisión habría puesto en duda todo lo realizado en el expediente del atentado, incluida la labor que el propio Nisman llevó a cabo. El memorándum fue aprobado por el Congreso, pero luego Irán nunca lo ratificó y no entró en vigor, y más tarde la justicia argentina lo declaró inconstitucional.

Acusaciones de este tenor no pueden archivarse sin más. Si no hay pruebas y corresponde el sobreseimiento, es precisamente una investigación la que debe llegar a esa conclusión.

En ese sentido, el camarista Hornos sostuvo en el fallo que resulta ineludible que el servicio de administración de justicia penal “cumpla acabadamente su deber de investigación de los hechos denunciados para arrojar luz sobre lo acontecido y, con algún grado de conocimiento más avanzado, descartar o afirmar la hipótesis”. Agregó que el eje central de la etapa de instrucción gira en torno a “comprobar si existe, o no, un hecho con relevancia jurídico-penal mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. La etapa preparatoria no sólo sirve para corroborar la hipótesis criminal, sino también para eventualmente descartarla”.

Demasiados recursos judiciales y tiempo se han perdido para sustraer de la investigación a quienes, como dijimos, deberían haber sido los primeros en exigir que se los investigue. Eso ocurrirá ahora, cuando las maniobras evasivas inevitablemente han aumentado las sospechas. Sea cual fuere el resultado, se impone conocer la verdad real de una acusación que jamás debió haberse desestimado.

Origen: Cristina Kirchner, ante su más grave acusación – 03.01.2017 – LA NACION

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