El Gobierno pone en riesgo los contratos de Odebrecht 

Carlos PagniLA NACION

La reunión entre los representantes de Odebrecht y los funcionarios del Poder Ejecutivo, ayer por la mañana, comenzó de mala manera. Se debían determinar las responsabilidades administrativas de la compañía en la obtención irregular de contratos de obra pública. El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, había propuesto que Odebrecht pagara en efectivo los sobornos por US$ 35 millones que su presidente, Marcelo Odebrecht, había confesado en los Estados Unidos. Y que presentara una carta de intención en la que detallara los sobreprecios que habría cobrado a cambio de esas coimas. “Nosotros no podemos firmar ninguna carta”, adelantó Guido Tawil, el abogado de la empresa. “Como no reconocemos sobreprecios, a lo sumo podríamos hacer que los contratos sean más eficientes. Pero tiene que constituirse una comisión en la que intervengan las demás contratistas de las obras.”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador escucharon en silencio. Cuando Tawil concluyó, se escuchó la tonada salteña de Saravia: “Entonces esta reunión terminó aquí”. Tawil se molestó: “Mirá, vos no me conocés ni yo te conozco a vos, así que este trato no corresponde”. Saravia: “No necesitamos conocernos. Yo soy el representante de los intereses del Estado y vos el representante de una empresa corrupta, así que la reunión terminó aquí”.

Garavano trató de salvar la audiencia. El delegado brasileño de Odebrecht, Edgard Abreu Rocha Silva, también puso paños fríos. Saravia explicó, entonces, la posición oficial: “No se puede demorar todo armando una mesa con otras compañías, porque los únicos que confesaron un delito fueron ustedes. Si aparecen otros responsables, los denunciaremos, como estamos obligados a hacer. Nosotros vamos a confrontar la información que nos den ustedes con la Sigen para establecer los resarcimientos”. Abreu prometió analizar esa alternativa y aseguró que Odebrecht cooperaría.

Eduardo Freiler
Eduardo Freiler.

Las tratativas quedaron en ese punto. Se limitan a que el Estado recupere lo que el kirchnerismo pagó de manera irregular a esa firma brasileña. La penalización de esos delitos corre por cuenta de la Justicia, que hoy recibirá información desde Brasil. Una misión de los fiscales, que responden a Alejandra Gils Carbó.

De los tres principales negocios de Odebrecht dos están casi concluidos. Son la ampliación del Gasoducto del Sur, operado por TGS, y las obras de saneamiento del Paraná de las Palmas, un contrato de Aysa. Este último cargó, según la Auditoría General de la Nación, con sobreprecios de un 25%. Al frente de la gestión estaba Carlos Ben, delegado del sindicalista José Luis Lingeri, “Mr. Cloro”. El juez Sebastián Casanello investigará el patrimonio de Ben. Hoy la empresa está a cargo del ingeniero ambientalista José Luis Inglese, allegado a Nicolás Caputo. Se ignora cuál es el vínculo con Lingeri. Debería ser inmejorable. “Cloro” y Caputo comparten la amistad de la controvertida Silvia Majdalani.

El contrato más conflictivo de Odebrecht es el del soterramiento del Sarmiento, que sólo se ha realizado en un 3%. Tiene la peculiaridad de que en la UTE participó el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, con su empresa Iecsa. Sería uno de los contratistas que Tawil quería sentar a la mesa. El kirchnerismo se deleita con ese vínculo. Cristina Kirchner sugirió que Iecsa era, en realidad, de Franco Macri. Es una testigo calificada: a partir de 2005, Macri padre tuvo mejor relación con ella y con su esposo que con su propio hijo. Hoy Iecsa pertenece a Marcelo Mindlin, quien apenas la adquirió reemplazó al gerente Javier Sánchez Caballero, quien sería el que habría tramitado coimas de Odebrecht, según documentación citada por O Estado de S. Paulo. Esta continuidad entre el antiguo y el nuevo régimen fue motivo de polémica, ayer, en la Cámara de Diputados durante el informe de Marcos Peña. El jefe de Gabinete recriminó: “Ese operativo humo de plantear que las coimas las cobró un pariente de Macri es una patraña; las coimas se las pagaron al gobierno de Kirchner”. En rigor, el “operativo humo” afirma que Calcaterra, o Sánchez Caballero, habría participado no del cobro, sino del pago de sobornos. De ser así, ambas partes de “la grieta” dirían la verdad. La polémica recrudecerá apenas se trate el proyecto que incentiva a los empresarios corruptores a denunciar a los funcionarios corrompidos a cambio de alguna absolución. En La Cámpora ya llaman esa iniciativa la “ley Ángelo”.

Macri decidió avanzar sobre Odebrecht cuando Elisa Carrió sugirió que, a raíz de Calcaterra, “todos, sin excepción”, defendían a Julio De Vido. En los tribunales federales la inmunidad de De Vido se atribuyó siempre al lobbista Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. Habría sido gracias a esas gestiones, por ejemplo, que Claudio Bonadio lo eximió de responsabilidades en la masacre de Once, por la que fueron condenados Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano, contratistas del ferrocarril Sarmiento. La Cámara Federal obligó después a sancionarlo.

Bonadio tomará indagatoria a todos ellos el próximo 23, por el oscurísimo manejo de los subsidios para los colectivos. Versiones tan insistentes como difíciles de corroborar afirman que Claudio Cirigliano habría sido el responsable de pagar los retornos de esas subvenciones. Un ex senador santacruceño, amigo de un juez de la Corte, suele recordar que Néstor Kirchner tenía cronometrado el trayecto entre la Secretaría de Transporte y la Casa Rosada por temor a que Jaime hiciera alguna escala infiel antes de transmitirle los recuerdos de los Cirigliano. Bonadio, igual que Marcelo Martínez de Giorgi, ha evitado procesar a De Vido hasta ahora. Algunos atribuyen esa clemencia a la habilidad del ex ministro, quien, ayudado por su esposa, Alessandra Minnicelli, construyó una arquitectura administrativa destinada a protegerse y a entregar a sus subordinados. Una falta de solidaridad que impediría a De Vido aspirar a la categoría de mafioso.

Las complicidades del ex ministro en la Justicia podrían esclarecerse por culpa de Jorge Candis. Es el consejero académico de la Magistratura que evitaría con su voto la suspensión del próspero camarista Eduardo Freiler. La situación de Freiler quedará en suspenso. El oficialismo ampliará el análisis de su mal desempeño, convocando a numerosos testigos. Así podrían ser mejor identificados los prestamistas de Inversora Callao, que le otorgaron un crédito hipotecario que Freiler dejó impago. Serían una llave para entrar a Comodoro Py. Habladurías. La lista incluiría también a Carla María Lago, la ex cuñada del juez Lijo, socia de Freiler en la financiera Mining Pride. Se entiende, entonces, que Lijo avise aquí y allá que ya no tiene nada que ver con el malhadado “Chiche”. Solidaridad a la De Vido.

El voto de Candis reveló las extraordinarias deficiencias de la política judicial de Macri. Ya a comienzos de abril, dirigentes del PJ aseguraban que Candis protegería a Freiler. El mismo juez se ufanaba de ese apoyo. Pero el oficialismo siguió apostando al acompañamiento de Candis. Algunos funcionarios, muy jerarquizados, confiaron en la promesa de Julián Álvarez, ex secretario de Justicia de la señora de Kirchner e íntimo amigo del consejero. Álvarez los habría engatusado con esa promesa a cambio de mantener prebendas personales. Entre otras, el control de algunos registros del automotor, que asigna el Ministerio de Justicia. Sería injusto, sin embargo, atribuir a Garavano el fracaso en la remoción de Freiler. Macri debería pedirles cuentas también a Angelici, Arribas, Sanz, Torello o Mahiques, algunos de sus infinitos interlocutores con el mundo judicial.

Para Cristina Kirchner la permanencia de Freiler en la Sala I de la Cámara Federal es decisiva. Allí se tramita, entre otros, el expediente Hotesur. Freiler no se apartó del caso, a pesar de tener vínculos familiares con un director de esa sociedad. Patricio Pereyra Arandía es sobrino de la legendaria “Monona” Pérez Pardo, ex suegra del camarista. Patricio es yerno de Alicia Kirchner. Y su hermano, Mariano, secretario de Freiler. Estos lazos habrían inducido al camarista cuestionado a apartar a Bonadio del caso Hotesur cuando este juez incomodó a los Kirchner. Ahora hay otro factor para condicionarlo: la permanencia en tribunales de un magistrado crucial en el juzgamiento de la ex presidenta depende de la ex presidenta, que domina el voto de Candis. Delicioso lanzamiento de campaña.

Origen: El Gobierno pone en riesgo los contratos de Odebrecht – 01.06.2017 – LA NACION

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2 comentarios en “El Gobierno pone en riesgo los contratos de Odebrecht 

  1. A estos pulpos empresarios hay que sancionarlos pecunariamente y penalmente. A los coimeros del gobierno Kirchnerista y cualquier otro, por miserables, DEM. Las empresas contratistas por mas grandes que sean exprimen a las PYMES, cuando ellas las proveen ya sea en precios y pagos. NO ES NINGUNA NOVEDAD. Algo igual hacen los Supermercadistas y si no de donde sacan el capital para abrir sucursales por doquier ????.

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