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Dos jóvenes con banderas de Israel en la entrada del campo de exterminio de Birkenau, en Polonia

Taylin Aroche.

Un un discurso emitido en la televisión y la radio públicas, y arropado por numerosas banderas polacas –ninguna europea–, el presidente Adrzej Duda se dirigió a sus ciudadanos para defender la polémica ley que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quien utilice la frase «campos de exterminio polacos» para referirse a los campos de concentración construidos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi en territorio polaco.

Durante su discurso, Duda aseguró que lo único que busca su país es «impedir que la nación polaca sea culpada por estas atrocidades», refiriéndose a los campos de exterminio que Hitler construyó durante la ocupación de Polonia y que costaron la vida a alrededor de seis millones de polacos. La mitad de ellos eran judíos. En 1939, al iniciarse la guerra, Alemania invadió Polonia desde el oeste y la Unión Soviética desde el este, dividiendo el país, que no contaba con una administración pública ni con gobierno, exiliado en Londres. El presidente hizo alusión a este momento declarando que Polonia no existía como tal y que el uso de la frase «campo de exterminio polaco» es incorrecto.

Israel afirma que esta ley atenta contra la libertad de expresión, criminaliza los hechos históricos y detendrá cualquier investigación que se tenga sobre el papel que jugaron los polacos en los crímenes nazis. Ante estas fuertes críticas –a las que se ha unido Washington–, el presidente polaco ha querido revestir de soberanía la polémica propuesta, y la enviará al Tribunal Constitucional –donde su partido, Ley y Justicia, cuenta con una gran influencia– con el mandato de revisar cada uno de los puntos y emitir un veredicto sobre ella. «Esperamos que hasta que concluyan las deliberaciones del tribunal logremos acordar cambios y correciones a la ley. Israel y Polonia tienen la responsabilidad conjunta de investigar y preservar la historia del Holocausto», replicó el Gobierno israelí. La decisión de Duda ha hecho estallar una crisis diplomática entre ambos países. Polonia es el socio europeo más próximo a Israel y el país de la UE con el mayor número de ciudadanos judíos.

Todo, sin embargo, apunta a que el proyecto de ley saldrá adelante en un momento de fuertes discrepancias también con Bruselas. En Polonia, el PiS ha aumentado el control sobre los tribunales y empresas estatales. La Comisión Europea, encargada de velar por la legalidad dentro del «club» comunitario, tiene la vista puesta en 13 leyes aprobadas por el Gobierno polaco que son susceptibles de vulnerar la legalidad. El 27 de febrero, la Comisión Europea presentará una solicitud para la aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que se traduce en la suspensión de voto en el Consejo Europeo.
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