Argentina y Bielorrusia son dos Estados que realmente tienen bastante poco en común. Esto no es ciertamente una tragedia, desde que es cierto aquello de que la diversidad es la vida y la uniformidad es la muerte. No obstante, en los últimos días los dos países han atraído la atención prioritaria de la comunidad internacional porque las calles y plazas de sus principales ciudades fueron escenario de protestas multitudinarias.

En Bielorrusia, las protestas apuntaron al fraude electoral con el que el autoritario presidente Alexander Lukachenko, que lleva ya 26 años en lo más alto del poder de esa nación, pretendió continuar instalado como presidente de Bielorrusia. Cuando las esperadas protestas por el fraude cometido estallaron, Lukachenko recurrió a la violencia extrema para sofocarlas. El resultado fue probablemente inesperado: las enormes protestas populares continuaron. Para Lukachenko, los responsables de las gigantescas manifestaciones “están en el exterior”, razón por la cual, sintiéndose débil, se acercó a Vladimir Putin, implorando la “ayuda” de la Federación Rusa. Con algo de desconfianza, porque seguramente teme que esa “ayuda” acelere la integración de su país con la Federación Rusa que él mismo consintiera hace ya algunos años, pero que no impulsó nunca de modo de que se materializara.

Teniendo presente lo que sucedió en Crimea, Lukachenko presumiblemente teme que la Federación Rusa integre a Bielorrusia en una sola soberanía única, desplazándolo del poder. Su situación no es, entonces, nada fácil. Hace pocos días, la Marcha de la Libertad, en Minsk, hizo flamear profusamente la bandera de la oposición, blanca con una franja roja (foto). La de aquellos que no quieren que Lukachenko continúe perpetuándose eternamente en el poder. Pero la alternativa tiene el alto riesgo antes expresado, en el sentido de que Bielorrusia tenga que efectivamente volver a integrar su soberanía con la de la Federación Rusa.

Aviesa reforma

En la Argentina el tema es –por cierto- muy diferente. Las gigantescas manifestaciones de protesta (llamadas banderazos) apuntan a impedir que se consume una aviesa reforma judicial cuyo objetivo real podría ser la impunidad de la ex presidente y actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, acosada por una decena de juicios penales generados, aparentemente, por episodios de corrupción. La mayoría de ellos tiene que ver con el desvío irregular de fondos destinados a la obra pública. Según algunos, se trata de una ola de episodios opacos, a través de los cuales se habrían desviado fondos equivalentes a unos 52 millones de dólares. Según otros, esa es tan sólo la punta de un iceberg que podría ser todavía mucho mayor. El tiempo dirá.

Como telón de fondo de lo que sucede,  hay un hecho bastante poco común: en las últimas elecciones presidenciales en la República Argentina la mayoría de quienes concurrieron a las urnas votó a favor de la actual vicepresidente, sugiriendo así que la posibilidad de corrupción no los ofende, ni les preocupa demasiado. Hay pocos, muy pocos, rincones del mundo donde esto podría haber sucedido. No obstante, ocurrió entre nosotros. Nos guste o no.

Desde hace décadas, la mayoría de los argentinos, o vive en el Estado o sobrevive a través de subsidios que el Estado distribuye. Una minoría –en cambio- trabaja productivamente y es la que tiene sobre sus hombros el peso de aquellos que se “cuelgan” de los demás, como si tuvieran “derecho” a hacerlo.

Esa situación, que se ha prolongado ya por varias décadas, es la responsable de la inocultable decadencia relativa del país respecto de la comunidad de las naciones. Las reformas estructurales con las que se podría corregir lo que sucede se postergan, una y otra vez. Y el inexorable proceso de la decadencia argentina continúa. Precisamente por esta razón, la Argentina pide dinero prestado en el exterior, sin realizar los cambios de fondo que necesita; esto es, sin disminuir el peso insoportable del Estado, y recurriendo –de tiempo en tiempo- a financiar una estructura insostenible tomando dinero prestado en el exterior.

La novedad, sin embargo, es que lo antedicho ya ha sido percibido desde el extranjero. Por esto ahora cuesta encontrar a quienes estén dispuestos a seguir financiando el desajuste estructural argentino, sabiendo que el repago de sus acreencias será cada vez más contingente respecto de lo que suceda –o no- en la propia vida política argentina.

La maquinita

Para hacer las cosas aún más complejas, la Argentina es un país que ha vuelto a financiarse recurriendo desaprensivamente a la emisión monetaria. Razón por la cual, tarde o temprano podría volver a encontrarse en la encrucijada de no poder atender sus compromisos financieros asumidos con sus acreedores externos.

En la reciente renegociación de la deuda externa, el actual gobierno peronista consiguió diferir los vencimientos hacia el futuro, de modo que ellos no ocurran durante la gestión gubernamental que está en curso, sino después de ella. Quienes por voluntad popular sean elegidos para suceder a las actuales autoridades tendrán entonces, de inicio, una situación financiera extremadamente gravosa.

Una vez más, desde el exterior también esto se advierte con claridad. La consecuencia es la inestabilidad de la economía argentina y la desaparición de muchos quienes, con el marco apuntado, estén dispuestos a invertir en nuestro país.

Por todo lo antedicho parece claro cuál es la razón de la enorme ansiedad que impulsó a los argentinos a realizar, hace pocos días, la nueva protesta masiva a la que asistimos como expresión inocultable del enorme descontento que existe en gran parte de su sociedad.

Las encuestas sugieren que las actuales autoridades, si enfrentaran elecciones que se materializaran en las próximas semanas, podrían salir perdidosas. Pero, en primer lugar, no hay elecciones presidenciales cercanas. Y, en segundo lugar, no hay quien le ponga, con el coraje que se requiere, el “cascabel al gato” antes descripto.

De allí que el futuro luzca inestable y que muchos prefieran no aventurarse a describir siquiera una realidad dura y desconcertante, que presagia que los nubarrones que empañan el clima político argentino no habrán de desaparecer, al menos en el corto plazo.

    Vistas desde el exterior, las crisis de Argentina y Bielorrusia no pueden entonces asimilarse. En Bielorrusia, la razón central de la crisis es evidente: la existencia de un dictador autoritario que quiere eternizarse en el poder. En la Argentina el tema es –en cambio- mucho más complejo. Tiene aparentemente que ver con el esfuerzo de una de las principales figuras políticas del país por obtener impunidad frente a las múltiples investigaciones de corrupción que –una tras otra- se han puesto en marcha respecto de ella. Desde el exterior esto requiere un análisis más informado de cómo funciona la realidad interna en un país que genera protestas multitudinarias en defensa de sus libertades y de su democracia, pero que todavía se rehúsa a enfrentar la cuestión de fondo que lo asfixia, que es el excesivo peso relativo del Estado y de todos aquellos que viven en él o de él.

Es posible que las tres enormes protestas que ya han ocurrido en los primeros ocho meses de la gestión del presidente Alberto Fernández, comiencen a impulsar una visión que, por lo menos, apunte a tratar de edificar –paso a paso- un futuro mejor. Pero ello no ha ocurrido todavía. Es aún camino por recorrer. Algunos, desilusionados, se van del país. Otros, se rehúsan a esa alternativa, porque saben bien que ella supone dejar atrás una identidad y desprenderse de lazos que hoy forman parte de la misma, difíciles de mantener residiendo fuera de su propio país, al que pertenecen.

Sin las necesarias medidas correctivas, la decadencia argentina puede desgraciadamente continuar. En juego está el futuro de hijos y nietos, con frecuencia desfigurado por las urgencias cotidianas que deben enfrentar aquellos empeñados en el complejo trajín de sobrevivir en un país que se resiste a intentar disminuir el peso cada vez más agobiante de su elefantiásico Estado.

 

Origen:laprensa.com.ar