Foto: Jorge Salvador – Unsplash

¿Quién puede dudar que la Venezuela actual entraña una innumerable cantidad de problemas? Nadie. Pero una de las crisis más grandes es la vinculada con el mercado inmobiliario. Una economía envilecida hasta los tuétanos por el socialismo, la demagogia sin límites que encarnó Hugo Chávez y la sucesiva aparición de Leyes y Decretos absurdos han condenado a los arrendamientos a experimentar un franco peligro de extinción en el país.

Chávez, haciendo honor a su inmensa verborrea e irresponsabilidad, pensó que debía honrar aquello que se preveía en la Constitución de 1999, en donde a todo venezolano el Estado debía garantizarle el “derecho a la vivienda”. Una oda a la “justicia social” y a esos derechos que, por supuestamente ser de todos, no terminan siendo nunca realmente de nadie:

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”. Artículo 82 de la Constitución aprobada durante los primeros días de Chávez en el poder, por allá en 1999.

Ya en 2003 el Teniente Coronel golpista había dado la campanada: decretaba la puesta en marcha de un control cambiario y el congelamiento del precio de varios productos considerados de “primera necesidad”. Dentro de ese conjunto de regulaciones entraban también los arrendamientos, cuyos precios pasaban a congelarse.  Diversos especialistas del área consideran que este fue el principio del fin. Desde entonces la oferta de alquileres en Venezuela comenzó a decaer a niveles alarmantes.

Al día de hoy todavía es frecuente conseguir a personas que alquilaron un piso en Venezuela antes de 2003 y, valiéndose de este Decreto promulgado por Chávez, siguen ocupándolo y pagan un canon de arrendamiento que está anclado en los precios de aquella época (en algunos casos esto no llega ni a €3 por mes). Una cosa absolutamente ridícula para el propietario del inmueble.

Luego vino lo peor: en 2011, un Hugo Chávez ya gravemente enfermo pero con muchas ganas de ser reelecto como Presidente en 2012 –y por ende con pocos o ningún escrúpulo a la hora de poner en práctica su demagogia–, decidió que lo procedente en materia de política habitacional era suspender definitivamente los desahucios en Venezuela. Lo importante era seguir contentando al populacho, sin importar las consecuencias.

De acuerdo a lo estipulado en la naciente Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria, el propietario de un inmueble no podría, de ahora en más, desalojar a un inquilino (aún y cuando este último hubiese caído en condición de impago del arrendamiento). Este insólito instrumento “legal” decía que, para proceder al desahucio, el dueño de un piso debía esperar a que el Ministerio de Vivienda del gobierno le consiguiese un nuevo destino habitacional a la persona que se pretendía desalojar de la vivienda.

“En todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona”, reza parte del artículo 13 de la mencionada Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria, de 2011.

De este modo ya no solamente se le decía a un propietario cuánto debía cobrar por arrendar una vivienda, sino que el régimen chavista le forzaba a cedérsela a un tercero. Siendo que en muchísimas ocasiones éste ni siquiera pagaba dinero alguno por permanecer ocupando el piso o casa en cuestión. Una violación en toda regla al sacrosanto derecho a la propiedad privada, que ya había iniciado Chávez en años previos cuando de golpe y porrazo decidió ocupar arbitrariamente fincas y haciendas en el interior del país por considerarlas “improductivas” y de “interés nacional”.

En resumen, lo mismo de siempre en cualquier socialismo de esos que se consiguen por el mundo.

El desparpajo no quedó allí. Durante todo este tiempo también se convirtió en algo regular ver a inquilinos que utilizaban a bebés o niños pequeños como pretextos para que no se les desalojase de un inmueble ajeno.

Con el amparo de la legislación venezolana –y específicamente de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes– todo tiene cabida. Las batallas legales que tenían que emprender los dueños de pisos contra esos ocupantes inescrupulosos eran de antología. La idea de un caso que podía pasar 3 o 4 años durmiendo en las cortes, más los gastos legales asociados y el estrés que podía causar una situación de éstas, generalmente desestimulaban a los legítimos propietarios de un piso de la idea de pelear por lo suyo.

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud. b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud. c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales”. Artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA).

Las actuaciones del chavismo liquidaron el mercado de alquileres en Venezuela. Al día de hoy la oferta de pisos en arriendo está severamente limitada.

Muchos propietarios que incluso tuvieron que salir del país ante la deriva que tomó Venezuela desde hace algunos años, han preferido dejar sus inmuebles solos, dados los riesgos que supone ponerlos en manos de un inquilino que quizá luego se convierta en un absoluto dolor de cabeza y no se sepa cuándo y cómo podría salir de ellos.    

Quienes por apremio económico se arriesgan en la ruleta rusa que significa poner un piso en alquiler, lo hacen a precios que, de suyo, ya denotan el tamaño de la incertidumbre en la que se meten. En los días que corren generalmente el propietario demanda el pago por adelantado de un par de meses de renta, además de un pago adicional por el mero hecho de dar el inmueble en arriendo.

Eso por no mencionar que en Caracas actualmente un piso muy modesto en una zona popular (hacia el centro u oeste de la ciudad) no se consigue por menos de €200 a €300 al mes.

Sin embargo, ese escenario de contrastes marcados en el que se ha convertido esta Venezuela a la cubana, también muestra ofertas de lujosos inmuebles hacia el este de la ciudad, en donde se piden €1500, €2000 o €3000 de canon mensual a quien los quiera arrendar. Todo ello en un país en el que, recordemos, el salario mínimo mensual no alcanza los €5 por persona.

Los grandes afectados por esta situación son indiscutiblemente los jóvenes que buscan independencia a medida que crecen, pero que han tenido que resignarse a tener que seguir viviendo con sus padres, ante la imposibilidad manifiesta de alquilar o comprar una vivienda.

En España se oyen sirenas de alarma. Como ha reseñado La Gaceta de la Iberosfera, el sector inmobiliario se estremece ante la posibilidad de que los comunistas de Podemos lleven adelante –con el pretexto de la pandemia– un proyecto en el que se prohíban definitivamente los desahucios. Así se acaba con la propiedad privada. Así comenzamos en Venezuela, y miren por dónde vamos…

Origen:  La Gaceta de la Iberosfera