El Parlamento sandinista de Daniel Ortega, aprobó la ley que prohíbe candidaturas opositoras antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua

Oriana Rivas

El régimen aprobó ley que sanciona a «candidatos a la patria», sin posibilidad que se postulen. (EFE)

El régimen de Daniel Ortega asestó un nuevo golpe a la libertad en Nicaragua, buscando blindarse por todos los flancos antes de las elecciones presidenciales del próximo año, donde espera ser reelegido por cuarta vez consecutiva.

Tal como lo tenía previsto, el parlamento de mayoría sandinista aprobó con carácter de «urgencia» la ley que impedirá candidaturas de «traidores a la patria». Los calificativos incluidos en este nuevo reglamento parece que servirán de excusa a Ortega para excluir a cualquiera que no esté a su favor.

Según el texto aprobado, estos «traidores» no podrán optar a cargo públicos si encabezan o financian un golpe de Estado, si alteran el orden constitucional, fomentan o instan a actos terroristas, y/o realizan actos que «menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación».

La «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» fue aprobada con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, frente a 14 votos en contra y 5 abstenciones.

Las medidas dictatoriales de Ortega

«Todo aquel que haga una traición a la patria será sancionado de acorde a la presente ley», dijo el presidente sandinista del Parlamento, Gustavo Porras.

La coercitiva ley fue propuesta tan solo tres días antes por el mismo Daniel Ortega, el Parlamento la aprobó casi de inmediato. Es evidente la urgencia por consolidarse en el poder.

No es de extrañar este tipo de medidas dictatoriales de parte del gobernante nicaragüense. Lo dejó claro en su primero mandato (1985-1990), cuando basó su gobierno en las ideas marxistas y socialistas de la mano del difunto Fidel Castro.

En dicho período llevó al país a una profunda crisis económica y social que terminó con elecciones presidenciales. La victoria fue de la candidata opositora, Violeta Barrios, respaldada por partidos de derechas e incluso de centro izquierda.

Sería entonces válido preguntarse si Ortega quiere evitar un episodio similar, que le arrebató la presidencia por sus propios ideales marxistas.

“A quien tendrían que aplicar una ley de este tipo es a Daniel Ortega, por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director de la organización opositora Alianza Cívica.

Nuevas sanciones

Esta nueva ley fue aprobada justo cuando Estados Unidos anunció sanciones contra tres funcionarios del gobierno: Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y Fidel Domínguez, jefe de Policía.

El Departamento del Tesoro de EEUU los acusa de «apoyar la sistemática identificación, intimidación y castigo de los opositores que lleva a cabo el régimen de Ortega», reseñó DWLa sanción implica el bloqueo de cualquiera de sus activos en el sistema financiero estadounidense.

Un informe publicado en el año 2019 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dejó en evidencia los abusos de las autoridades sandinistas.

Allí se detalla cómo el régimen de Ortega ha cometido violaciones a los derechos humanos como torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, secuestros, entre otros. La misma línea que su amigo venezolano, Nicolás Maduro.

El Director para las Americas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que la nueva ley viola abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo.

13 años de poder y control

«Solo les faltó poner (en la ley) un artículo 2 diciendo que solo Ortega y su esposa (Murillo) pueden ser candidatos», ironizó la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, reseñada por EFE.

Téllez fungió como ministra de Salud en el primer mandato de Ortega, pero se distanció y ahora es crítica a las medidas de su exjefe.

Ya son 13 años de Daniel Ortega en el poder y junto a su esposa, la vicepresidente Rosa Murillo, han implantado en el país un régimen de censura y persecución que busca callar toda voz disidente. El nuevo nivel alcanzado con esta ley completa el ambiente hostil en el que sumergen al país.

La vicepresidente también está sancionada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en 2018 que Murillo tiene influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación, que habría cometido asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros.

Ambos, con ayuda de las influenciadas instituciones, continúan arreciando su poderío sin una posibilidad de que el escenario cambie.

Origen: panampost.com