Los relevamientos más recientes estiman un gran aumento anual en el precio de los alquileres de Capital Federal, explicado por el cambio en las normativas a raíz de la ley de alquileres impulsada por Daniel Lipovetzky y el PRO.

La Ley de Alquileres, promovida tanto por el macrismo como por el kirchnerismo, supuso grandes cambios y problemáticas sobre el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario. Según un estudio realizado por Zonaprop, los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires habrían aumentado un 62% durante el 2020.

Se trata de un aumento muy superior al de la inflación para el mismo período, que el INDEC ubica en torno al 35% anual en noviembre, y consultoras privadas hablan de un posible 36% para la totalidad del año pasado.

Los alquileres habrían aumentado casi el doble que el promedio de precios, un comportamiento que no se veía desde 2012, momento en el cual la instauración del cepo cambiario había provocado una gran distorsión sobre el mercado inmobiliario.

La nueva fórmula de indexación, sumamente restrictiva, contribuyó a generar una suerte de “espiral de expectativas” sobre los propietarios. A raíz de la gran volatilidad en la economía argentina, muchos propietarios decidieron aumentar los precios de forma preventiva, ante las rigideces que establece la ley, que impedirían hacerlo en el futuro.

Por otra parte, la ley extendió el plazo mínimo para los contratos de 2 a 3 años, y muchos propietarios encontraron más difícil obtener las garantías necesarias para disponer de su propiedad para el alquiler, y decidieron abandonar el mercado.

Se estima que, entre el cambio de expectativas y la gran contracción de la oferta de alquileres, los precios tuvieron una muy fuerte presión alcista que explicaría los aumentos de forma concluyente.

El aumento promedio trepó hasta el 62%, pero hubo divergencias dependiendo de la zona de las propiedades. Se llegaron a registrar picos de hasta el 78% anual en barrios como Puerto Madero y Saavedra.

El objetivo de la ley declarado por Daniel Lipovetzky (principal impulsor de la misma) era “garantizar condiciones aceptables para los inquilinos y aplacar el alza de precios, para lograr alquileres más accesibles“.

Nada de esto se cumplió en la práctica. La ley de alquileres fracasó de forma estrepitosa en cuanto todos sus objetivos. Desde 2012, nunca fue tan difícil acceder a una vivienda para un inquilino, y nunca hubo tanta incertidumbre alrededor de las expectativas de los propietarios.

Aun cuando inquilinos y propietarios pudieran llegar a nuevos acuerdos de precios para ampliar la oferta de mercado, la ley lo hace imposiblee incentiva la exclusión de los mercados para aquellos que más necesitan alquilar. 

Ante la problemática, hubo diversas respuestas. El diputado Francisco Sánchez, también perteneciente al PRO, asegura que propondrá un proyecto para terminar con la actual ley de alquileres y desregular el mercado inmobiliario.

Existe una interna dentro de su propio partido en torno a los que piensan como Lipovetzky, también perteneciente al mismo espacio político, y los que afirmar que las regulaciones excesivas desencadenaron los aumentos.

Desde otros espacios, organizaciones como la Federación de Inquilinos Nacional e Inquilinos Agrupados, de orientación marxista, llamaron a aplicar incluso mayores regulaciones y congelamientos sobre los precios de las viviendas.

En su retórica marxista, estas organizaciones plantaron en reiteradas oportunidades que “el alquiler es un robo” y que “el acceso a la vivienda debe ser una lucha colectiva”demandando un mayor grado de dirigismo sobre los propietarios.

Origen: derechadiario.com.ar

Siempre que el Estado se metió entre privados terminó en fracaso.