Un reciente estudio del diario The New York Times se dedicó a estimar  cuánto tiempo les llevará a los países vacunar a toda su población contra el coronavirus, de acuerdo al ritmo que está presentando la vacunación actual.

Según esa estimación, Israel que tiene una población de 9 millones de personas liquidará el pleito en los próximos 30 días. El Reino Unido, con 68 millones de personas, lo hará en tres meses. EEUU con 331 millones, invertirá 6 meses en vacunar a todo el mundo. Brasil, con 212 millones de habitantes, deberá esperar tres años y cinco meses para inmunizar a su población. México demorará 8 años y nueve meses para terminar de vacunar a sus 126 millones de habitantes. La Argentina aparece última en esta escala: necesitará casi 14 años para acabar con el raid de inmunidad.

Se trata de una performance pasmosa del gobierno de científicos; de un manejo de la crisis del coronavirus (la Argentina es el sexto país en el mundo con más muertos por cada 100 mil habitantes) realmente espantoso y de una posterior gestión del período de vacunación no menos ineficiente y descalificadora.

La Argentina, cuando el problema comenzó, impuso una cuarentena cavernícola que encerró a la población por más de siete meses, fundiendo empresas, expulsando a otras que tomaron la decisión de irse del país, llevando a la quiebra a cientos de miles de comercios, arruinando la vida de trabajo de millones de familias que pasaron a depender de la dádiva estatal.

 

Durante todo ese período, sin embargo, no puedo evitar que los contagios y las muertes ascendieran astronómicamente. La parte consciente de la sociedad salió a reclamar que, con los cuidados del caso, las actividades pudieran abrirse para cortar la hemorragia económica que se estaba produciendo. La respuesta fue que esos argentinos eran “los argentinos del mal” y que ya llegaría el momento para que los “argentinos de bien” salieran a la calle a respaldar las políticas del gobierno.

La debacle continuó. Nunca, a excepción de unos pocos días hacia el final de la primavera, el país pudo quebrar el promedio de 10000 contagios diarios. Sin embargo, cuando ya la situación económica de algunos era desesperante, el gobierno gradualmente abrió las actividades.

Hoy estamos ante esa situación: con los cuidados que la gente toma, se han reabierto los trabajos que pudieron salvarse de la máquina kirchnerista de fundir empresas y emprendimientos y tenemos una nueva normalidad. ¿Empeoró en algo la cantidad de contagios y muertos? No, los números siguen siendo parecidos a los de los días de cuarentena o, incluso, un poco mejor.

¿Qué tendrá el gobierno para decirle ahora a esos cientos de miles de pequeños negocios que se fundieron? ¿A esas miles de familias que vieron destruido su negocio de dos o tres generaciones de argentinos? ¿A los trabajadores que se quedaron sin trabajo? ¿A los “argentinos del mal” que le anticiparon lo que iba a ocurrir? ¿A los “argentinos de bien” que no hicieron otra cosa que fomentar el odio?

Sea lo que sea lo que tenga que decir, ya es tarde. El inmenso daño ya ha sido perpetrado. Las empresas no volverán, las persianas no se levantarán, los empleos no se recuperarán. Y menos aún, con las políticas que el gobierno implementa en términos de confianza hacia los inversores y de generar en la Argentina un clima en donde se pueda hacer algo productivo.

El gobierno de científicos ha dirigido al país a una situación que lo convirtió en una inmensa fábrica de pobres que no tienen otro horizonte que no sea el de esperar que el gobierno les vaya a sacar a algunos lo poco que aún tienen para dárselo a ellos en calidad de limosna. Un escenario tristísimo por donde se lo mire.

En el medio, también se sospechan trapisondas. Maniobras de compra directa de insumos para enfrentar, con la épica kirchnerista, a la pandemia y que, de paso, lleguen algunos nuevos millones a los bolsillos de ellos.

Un reciente estudio de la ONG “Transparencia Internacional” denota que en el último año el país cayó 12 puestos en el ranking mundial de honestidad pública. La Argentina obtuvo allí 42 puntos y quedó en el puesto 78 sobre 180 países. En 2019 había logrado ascender al puesto 66.

 

Estamos ante un gobierno que reúne lo peor: solo trabaja con el objetivo de liberar de la culpa criminal que persigue a los delincuentes que robaron el Tesoro Público durante la gestión 2003-2015; no renuncia a seguir robando; de la mano de una mala praxis que cuesta creer que no responda a un plan previamente diagramado, destruyó lo poco que quedaba en pie de la actividad económica; persigue a quienes trabajan con una carga fiscal asfixiante; tuvo un manejo desopilante de la crisis sanitaria colocando al país en lugares de triste privilegio en materia de muertos y contagiados y, para terminar de pintar el cuadrito, está teniendo un manejo opaco del plan de vacunación que, de seguir a este paso, necesitará casi 14 años para terminar de inmunizar a todos los argentinos, y eso si la tasa de natalidad cayera de pronto a cero.

Si, desde 1810 hasta ahora, esta no es la peor gestión de la historia, señores, no sé cuál elegir en su lugar. Somos el hazmerreír mundial. Todas las estadísticas describen un fracaso estrepitoso. La gestión sólo podría ser calificada como un éxito si su objetivo al tomar el gobierno hubiera sido la destrucción de la sociedad. Si esa era la meta, señores, lo lograron: ya nada queda en pie, todo lo arruinaron, todo lo terminaron, todo lo desquiciaron, todo lo envilecieron. Reinar sobre un yermo es posible que haya sido lo que se propusieron.

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