POR RENE RODRIGUEZ

 

Ana Rodríguez, quien sirvió más tiempo como prisionera política del régimen de Castro que cualquier otra mujer, corre el riesgo de perder su hogar a la edad de 82 años. Pero la comunidad de Miami la apoya. 

Cuando tenía 2 años y medio y crecía en Cuba, Ana Lazara Rodríguez se escabulló de su casa y fue al cine para ver el clásico de monstruos gigantes de 1933 “King Kong”.

“Solo un niño de 2 años se asustaría con una película como esta, porque era una caricatura”, dijo el alegre y modesto hombre de 82 años. “Pero todavía no sabía leer y la película estaba en inglés, que no hablaba. Lo único que pude deducir fue que King Kong estaba agarrando mujeres y me sentí amenazada “.

Por la noche, cuando Rodríguez se metía en la cama y se dormía, miraba fijamente el techo de su dormitorio, que se agrietaba, e imaginaba que King Kong la estaba buscando. Pasó meses viviendo con miedo, hasta que un día decidió que esta no era la forma de llevar su vida.

“Salí y llamé a King Kong para que me matara y estuviera acabado”, dijo Rodríguez. “Por supuesto que no apareció. Pero siempre lo recuerdo como el momento en que me volví valiente “.

Hoy, Rodríguez todavía encuentra el coraje y la energía para pelear peleas imposibles, pero no contra los monstruos de Hollywood.

El viernes, un juez escuchará la evidencia de Jacobs sobre por qué el desalojo, y la ejecución hipotecaria anterior que le costó a Rodríguez su casa, son ilegales.

“Este caso se trata de falsificación, perjurio, destrucción de pruebas, retroacción de registros y otras actividades de crimen organizado”, dijo Jacobs. “Esto viola el estatuto RICO de Florida, el Acuerdo Hipotecario Nacional de $ 25 mil millones de 2012 y la Doctrina de Manos Sucias de la Corte Suprema de Florida “.

Jacobs dijo que argumentará que el caso de ejecución hipotecaria del Bank of New York Mellon contra Rodríguez está plagado de violaciones de la ley, incluida una asignación hipotecaria firmada automáticamente y luego un endoso falsificado y sellado por Countrywide. La falsificación es un delito grave en Florida.

UN DESALOJO INMINENTE

El 16 de febrero de 2021, el juez Charles Johnson emitió un Auto de posesión, el documento que permite a la policía de Miami-Dade ingresar a una casa y sacar a sus inquilinos, a favor de Vanessa Veytia, la residente de California que compró la casa.

El juez acordó suspender la orden judicial hasta el viernes, cuando Jacobs le pedirá a la corte que detenga el desalojo hasta que haya una audiencia completa de su evidencia de fraude.

Aunque la moratoria sobre los desalojos relacionados con COVID continúa, el ex alcalde de Miami-Dade Carlos A. Gimenez emitió una orden el 13 de noviembre de 2020, ordenando a la Policía de Miami-Dade que reanude la ejecución de los Mandamientos de posesión en los casos presentados el 12 de marzo o antes 2020.

Rodríguez, cuyo caso de ejecución hipotecaria se extiende por más de una década, no está protegido. Pero en un correo electrónico al Herald, la alcaldesa Daniella Levine Cava escribió que Rodríguez no tiene nada inmediato de qué preocuparse.

“Lo que está sucediendo en el caso de la Sra. Rodríguez es muy preocupante”, escribió Levine Cava. “Su caso está en proceso en los tribunales y el condado no tomará ninguna medida hasta que haya tenido el debido proceso. Mientras tanto, mi administración está tomando todas las medidas posibles para conectarla con recursos y apoyarla en este momento extremadamente difícil ”.

BRILLANDO UNA LUZ

Otros funcionarios del gobierno están haciendo todo lo posible para llamar más la atención sobre su caso. El jueves por la mañana, el comisionado de la ciudad Alex Díaz de la Portilla presentará una proclama en honor a Rodríguez y pedirá a los tribunales que dejen que su caso siga su curso.

“Las órdenes de posesión son un asunto civil”, dijo Díaz de la Portilla. “Podría congelar estos desalojos. Eso es lo que estamos buscando hasta que se cumpla el debido proceso. No es justo que la gente no pueda agotar todos los procesos posibles a su disposición. Después de que se complete ese proceso y se emita un desalojo, entonces lo entiendo. Hay un lado humanitario de esto, pero también hay un lado legal.

“Si Ana pierde el viernes, habrá una apelación”, dijo Díaz de la Portilla. “Hasta que ese proceso se desarrolle, no la vamos a desalojar. Si está siendo agraviada porque los bancos cometieron fraude, tenemos que ayudarla. Tenemos un sistema de gobierno de alcalde fuerte. [El alcalde Levine Cava] podría hacer una declaración contundente a millones de personas y resolver el problema con una firma para darles la oportunidad de luchar para pasar por el proceso judicial. La estoy urgiendo “.

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El abogado Bruce Jacobs, los senadores estatales Annette Taddeo (segunda desde la izquierda) e Ileana García (extrema derecha) se unieron para apoyar a Ana Lazara Rodríguez (segunda desde la derecha), quien es una sobreviviente de 82 años de una prisión de Castro y vive en una casa en Miami que el banco ha ejecutado. Pedro Portal PPORTAL@MIAMIHERALD.COM

Las senadoras estatales Annette Taddeo, una demócrata, e Ileana García, una republicana, se presentaron en la casa de Rodríguez el martes para expresar su apoyo bipartidista a su caso.

“Queremos asegurarnos de que estamos luchando por alguien que luchó por la libertad y estuvo encarcelado durante tanto tiempo, y ahora tienen que luchar contra los grandes bancos en esta etapa de sus vidas cuando son adultos mayores”, dijo Taddeo, quien se sienta en el Comité de Banca y Seguros de Florida. “Necesitamos asegurarnos de que no hubo irregularidades y ver si hay algo que podamos hacer a nivel estatal para ayudar a las personas que no entienden los documentos que se les envían cuando sus hipotecas las compra un banco a otro”.

“Es una cuestión de responsabilidad y justicia”, dijo García. “Estas personas mayores son nuestra población más vulnerable y también son parte de nuestra herencia. Es muy importante para nosotros en el Senado de Florida hacer que haya justicia en todos los procesos y estamos aquí para supervisar eso ”.

UNA HISTORIA COMPLICADA

Rodríguez se mudó a la casa en 1997 después de que María Antonia Mier, una amiga que también cumplió condena en una prisión cubana, la comprara por $ 140,000. Ella y Rodríguez dividieron las facturas, y Mier se encargó de los distintos pagos mensuales, hasta que ella murió de cáncer cerebral en 2008. Mier le cedió la casa a Rodríguez.

Antes de su muerte, Mier refinanció su hipoteca con Countrywide Financial, una de las compañías de hipotecas de alto riesgo que se vio obligada a resolver reclamos por discriminación contra préstamos predatorios para personas mayores y minorías. Countrywide, que fue comprada por Bank of America en 2008 después de la caída del mercado inmobiliario, también fue declarada culpable de fraude hipotecario en 2013 .

Rodríguez dejó de pagar la nueva hipoteca en 2010 porque no podía afrontar los pagos por su cuenta. Según los registros judiciales, Rodríguez se declaró en bancarrota en 2014. Mientras tanto, Bank of America cambió de abogado tres veces y el banco avanzó lentamente en el caso.

No fue hasta 2019 que el caso de ejecución hipotecaria llegó a los tribunales para su juicio.

La demora no es inusual, dijo Jacobs, especialmente para propiedades modestas como la casa de tres dormitorios de Rodríguez, que fue construida en 1976. “Tengo muchos casos pendientes desde 2009-2010 donde los clientes todavía están en sus casas”, dijo Jacobs. “Los tribunales todavía están ejecutando casos de 2009-2010 y algunos de esos casos son este mismo tipo de fraude”.

La abogada del sur de Florida, Margery Golant, está de acuerdo y dice que muchos de los casos posteriores a la recesión se prolongaron porque se basaron en una base inestable.

“Muchos de estos casos eran tan falsos que la documentación no estaba disponible, los hechos no eran apropiados y los archivaron de todos modos”, dijo Golant. “Desafortunadamente, muchos de los prestatarios no entendieron que debían haberlos defendido. Pero aquellos que lo hicieron y fueron representados por personas que entendieron lo pobre que era la base del caso, esos son los casos que tomaron mucho tiempo ”.

Un esfuerzo de la comunidad para ayudar a Rodríguez después de la historia del Herald de 2019, incluido un benefactor que estaba dispuesto a comprar la casa por ella, fracasó porque el banco exigió un pago total de $ 700,000, que incluye las tasas de interés, tarifas e impuestos inflados del depredador préstamo, a pesar de que la casa valía menos de $ 400,000.

Rodríguez dijo que se mantiene esperanzada y confiada. La mujer que una vez soportó, y sobrevivió, ser metida en una pequeña caja sin ventanas con solo un chorrito de agua para beber, ya no se siente sola.

“Tengo mucho apoyo de los medios y un abogado que sabe pelear”, dijo Rodríguez. “Es una señal de Dios. Siento que estoy rodeado de gente “.

¿Y qué hará ella si acaba siendo desalojada?

“Tengo mucha gente que me acogería, pero también estoy cuidando a un amigo mío de la prisión que tiene Alzheimer, y eso no es algo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a asumir”, dijo. “Así que tendré que dormir en mi coche”.

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Lazara Ana Rodríguez se sienta afuera de su casa en Miami el martes 23 de febrero de 2021. Es una sobreviviente de 82 años de una prisión de Castro en riesgo de ser desalojada. Pedro Portal PPORTAL@MIAMIHERALD.COM
René Rodríguez ha trabajado en el Miami Herald en una variedad de roles desde 1989. Actualmente escribe para la mesa de negocios que cubre bienes raíces y la crisis de asequibilidad de la ciudad.