La embestida del Gobierno contra el Poder Judicial se inscribe en la más pura ortodoxia peronista, desde los jueces constituyentes de Perón a la creación y remoción de la mayoría automática menemista.

La naturaleza del peronismo es un misterio inextricable. Para un observador extranjero, que se lo ubique tanto a la derecha como a la izquierda es una primera sorpresa. En materia económica puede ser estatista o liberal, proteccionista o librecambista. En cuestiones sociales, ultraconservador, católico e hispanista, o anticlerical. Pero para quien examina con más detenimiento su historia, hay constantes que le permiten perfilar alguna identidad. Entre ellas, la vocación por concentrar atribuciones en el Poder Ejecutivo y debilitar la división de poderes. En especial, el intento por socavar la independencia del Poder Judicial, pilar sobre el que reposa, en última instancia, todo el edificio de la República. Los embates actuales del oficialismo contra la Justicia no son, pues, nada originales. Pertenecen a un linaje que comenzó desde la propia fundación de esa fuerza política.

En su primer arribo a la presidencia, en junio de 1946, Perón no perdió tiempo. En su discurso inaugural, expresó: “La justicia además de independiente debe ser eficaz. Y no podrá ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público”. Un mes más tarde, el presidente del bloque de diputados del peronismo, Rodolfo Decker, dio el impulso inicial para ese acompasamiento: presentó un proyecto de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rodolfo Repetto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía y al Procurador General, Juan Álvarez. Era curioso que se incluyera a Repetto, ya que había renunciado a su cargo y la renuncia se le había sido aceptada. El único juez de la Corte excluido del juicio político fue Tomás Casares, beneficiado porque no había sido designado por presidentes constitucionales sino por la dictadura militar de Farrell y Perón. Aunque Casares había suscripto algunos de los fallos que motivaban el pedido de juicio para sus colegas, en su caso Decker sostuvo que lo había hecho “por distracción, sin advertir el error”.

La suerte estaba echada porque el Senado era unánimemente peronista. El juicio fue una farsa. Ni siquiera se les permitió a sus defensores exponer argumentos en forma oral.

En septiembre la Cámara de Diputados votó favorablemente la acusación. Por aplicación del sistema electoral de la ley Sáenz Peña el peronismo tenía una amplia mayoría, además de completamente disciplinada, por lo que no encontró inconvenientes en alcanzar los dos tercios de los presentes que exigía la Constitución. Las causales eran varias. Muchas de ellas les imputaban a los jueces haber obstaculizado la tarea de la “revolución” (del 4 de junio de 1943), mientras que otras los acusaban de haber dictado las acordadas de 1930 y 1943 que reconocieron a los gobiernos de facto surgidos de golpes militares, entre ellos el de la “revolución”.

La suerte estaba echada porque el Senado era unánimemente peronista. El juicio fue una farsa. Ni siquiera se les permitió a sus defensores exponer argumentos en forma oral. Alfredo Palacios, que quiso hacerlo, fue expulsado del recinto, luego de que dijera: “No hay precedentes en el país ni en todo el mundo civilizado que autorice a este tribunal a mantener en la barra a los defensores. Si esto ocurre es porque los jueces son enemigos de los acusados y en este caso no hay tribunal ni hay justicia”. En abril de 1947 se resolvió por unanimidad la remoción de todos los acusados, salvo de Repetto, porque se le había aceptado la renuncia antes de la iniciación del juicio político.

Con los nuevos nombramientos que cubrieron esas vacantes, se conformó una Corte Suprema absolutamente peronista. Una unanimidad automática, podría decirse, enmendando la célebre expresión que acuñó en los ’90 Horacio Verbitsky cuando parecía tener pruritos republicanos. El único juez que exhibió tímidas muestras de independencia fue Tomás Casares, que había sido designado por Farrell y provenía del nacionalismo católico, que había tenido una significativa influencia en las ideas de los gobiernos de facto surgidos del golpe del ’43.

Una unanimidad automática, podría decirse, enmendando la célebre expresión que acuñó en los ’90 Horacio Verbitsky cuando parecía tener pruritos republicanos.

Para dar una idea de la abierta militancia peronista de los cuatro jueces designados –sin perjuicio de que dos de ellos, Luis Longhi y Felipe Pérez, tenían una destacada formación jurídica– basta mencionar que todos ellos fueron convencionales constituyentes del oficialismo en la Convención de 1949. Y que, entre muchos otros gestos de genuflexión, al morir Eva Perón la Corte Suprema dictó una acordada donde la pondera como “una de las figuras más extraordinarias de la historia, erigida por los representantes del pueblo en jefa espiritual de la Nación” y la reconoce como “la suprema inspiración de normas legislativas conducentes al bienestar, la felicidad y la afirmación de los inalienables derechos del pueblo”. En un acto celebrado algunos días después, el juez Rodolfo Valenzuela sostuvo: “Ella es nuestra guía y nuestro ejemplo. Los jueces argentinos echarán de menos a un dulce magistrado de ojos tiernos, de consoladoras palabras, de gesto amoroso”.

LOS JUECES DE LA SERVILLETA DE PERÓN

La reforma judicial no se limitó a la Corte Suprema. Cuando estaba finalizando la Convención Constituyente de 1949, el constituyente peronista José Miel Asquía pidió que se incorporara una cláusula transitoria para que “por única vez y para que la revolución peronista llegue al Poder Judicial, se deje sin efecto la inamovilidad que tenían los jueces en ese momento”. La petición fue aprobada y originó la cláusula transitoria cuarta de la Constitución de 1949, que exigía un nuevo acuerdo del Senado para los jueces y los embajadores y ministros plenipotenciarios.

Esa cláusula fue la cobertura jurídica para una enorme purga en el Poder Judicial. El Senado les negó el acuerdo a 22 jueces federales de todo el país y a 37 jueces nacionales de la Capital Federal. Si se suman otros 15 que renunciaron para jubilarse antes de ser desplazados, en el lapso de un mes y medio 74 jueces perdieron sus cargos. Como era de prever, los reemplazantes fueron elegidos fundamentalmente por su compromiso político con el oficialismo. Así se peronizó la justicia federal.

De la siguiente experiencia peronista, iniciada el 25 de mayo de 1973 y concluida con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cabe señalar que se sustituyó a los miembros de la Corte designados por los gobiernos de facto que comenzaron en 1966 por otros nombrados de acuerdo al procedimiento constitucional, lo que era correcto.

En las cuestiones judiciales, quienes criticaban al caudillo riojano por apartarse de la ortodoxia peronista pudieron disfrutar de una continuidad: se quedó en el ’46.

La etapa menemista del peronismo –tan opuesta en materia económica a las políticas que había desarrollado Perón, al menos en sus primeros años– mantuvo en cambio un aire de familia con el fundador, al propiciar en forma rápida la conformación de una corte adicta. En las cuestiones judiciales, quienes criticaban al caudillo riojano por apartarse de la ortodoxia peronista pudieron disfrutar de una continuidad: se quedó en el ’46.

La diferencia es que en los ’90 se recurrió a una vía indirecta. En lugar de remover a los jueces no adictos mediante el juicio político, se amplió el número de miembros de la Corte Suprema. Es lo que había intentado Franklin Roosevelt en 1938, poco después de su primera reelección, para enfrentar a una corte que había declarado muchas inconstitucionalidades de leyes del New Deal. Pero la mayoría de su partido no lo acompañó y Roosevelt no pudo avanzar en ese manoseo institucional. Menem lo hizo.

MENEM LO HIZO

El 20 de septiembre de 1989 el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo, realizó unas declaraciones muy similares a las que se oyen por estos días por parte del presidente de la Nación, la ministra de Justicia y otros altos exponentes del oficialismo: “Ha llegado el momento –dijo Granillo Ocampo– de sincerar una institución de la República que ahora funciona con algunos problemas”. Funcionarios (judiciales) que no funcionan. Granillo Ocampo no explicó cuáles eran esos problemas. Ni hacía falta. Los propósitos eran claros. Se trataba, una vez más, de que el alto tribunal marchara “al compás del sentimiento público”.

Al día siguiente la Corte dictó una acordada por una mayoría de cuatro de sus cinco ministros. El presidente, José Severo Caballero, votó en disidencia por entender que no se había producido consulta y que ni la Constitución Nacional ni la ley de organización de la justicia nacional autorizaban pronunciamientos genéricos sobre la oportunidad y conveniencia sobre reformas legislativas.

Pero para Belluscio, Petracchi, Fayt y Bacqué, los otros cuatro miembros de la Corte, “el brusco cambio” en su composición podía “afectar su estabilidad e independencia”. En respuesta a los fundamentos que algunos voceros del oficialismo exponían sobre los beneficios de ampliar el tribunal (por ejemplo, que agilizaría su funcionamiento) sostuvieron que “el engrosamiento del número de jueces llamados a pronunciarse sobre una misma causa (…) lleva precisamente a resultados opuestos (…) ya que se producen debates interminables, multiplicación de votos dispares que impiden establecer criterios jurisprudenciales claros muy previsibles…”.

“Menem me puso la mano sobre la rodilla y me dijo, sugestivamente, con una sonrisa: ‘¿Quién es el presidente?’, como diciendo: ‘Yo soy el presidente y no va a pasar nada’. Tiempo después vino la ampliación de la Corte”.

En su Historia política de la Corte (1930-1990), Arturo Pellet Lastra entrevista a Santiago Petracchi sobre esos hechos. Petracchi admite que fue el redactor de la acordada y narra un encuentro con Carlos Menem: “En una reunión que tuvimos con el ex presidente Menem (…), le dije que me parecía un error esto de la ampliación (…) Esto fue antes de presentarse el proyecto, por lo que Menem me preguntó haciéndose el sorprendido, de dónde sacaba yo la versión (…). Esta versión, le dije, se la adjudican a Manzano, a Granillo Ocampo y a tu hermano Eduardo. Entonces Menem me puso la mano sobre la rodilla y me dijo, sugestivamente, con una sonrisa: ‘¿Quién es el presidente?’, como diciendo: ‘Yo soy el presidente y no va a pasar nada’. Tiempo después vino la ampliación de la Corte”.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue enviado al Senado el 15 de septiembre y aprobado dos semanas más tarde. La Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 5 de abril de 1990. Fue promulgada el 17 de abril y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. Luego de su publicación, renunció el doctor Jorge Bacqué, en protesta por la ampliación. Junto a la renuncia de José Severo Caballero, que no se fundó en esos motivos, el oficialismo contaba ahora con seis vacantes para cubrir de los nueve jueces de la nueva Corte Suprema. Nacía la mayoría automática.

Una década más tarde, otro peronista, Eduardo Duhalde, intentó remover a la Corte Suprema al mes siguiente de ser designado presidente por la Asamblea Legislativa, luego de las febriles jornadas de diciembre de 2001 y la renuncia de Fernando De la Rúa. En febrero de 2002 la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados promovió el juicio político de todos los miembros del tribunal, pero en ninguno de los casos se obtuvo la mayoría de los dos tercios de los presentes necesaria para aprobar la acusación. Hastiado por esa manipulación renunció poco después Gustavo Bossert.

NÉSTOR Y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Apenas asumida su presidencia, en mayo de 2003, Néstor Kirchner impulsó el juicio político de los jueces menemistas de la Corte. Nazareno, Vázquez y López renunciaron luego de la acusación de la Cámara de Diputados; Moliné O’Connor y Boggiano fueron removidos por el Senado. Néstor Kirchner pudo entonces designar a cuatro jueces. En 2006, por iniciativa del oficialismo, se sancionó una ley que redujo el número de miembros de la Corte Suprema de nueve a cinco (su composición más frecuente en la historia). Como había más jueces en ese momento, se estableció que esa situación no se alteraría y que a medida que se produjeran las vacantes no se llenarían hasta llegar a cinco.

Pero el mismo año la senadora Cristina Kirchner promovió la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de reducir su composición de veinte a trece miembros e incrementar el peso de los estamentos políticos a expensas de los profesionales. El proyecto se convirtió en una ley cuya constitucionalidad fue impugnada judicialmente por alterar el equilibrio previsto por el artículo 114 de la Constitución Nacional. El expediente se encuentra hace años a estudio de la Corte.

Mientras tramitaba con pasmosa lentitud esa causa, durante su segunda presidencia, y en el marco de un paquete de leyes que bautizó como “democratización de la justicia”, Cristina Kirchner proyectó una nueva reforma del Consejo, que entre otros aspectos establecía la elección popular de sus miembros. La ley sancionada fue rápidamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema mediante el recurso de salto de instancia (“per saltum”), que poco antes el oficialismo había regulado legalmente con el objeto de llegar sin dilaciones al máximo tribunal en el caso de la Ley de Medios. La inconstitucionalidad era manifiesta, como surge de la mera lectura del artículo 114 de la Constitución Nacional.

Este bosquejo histórico no es exhaustivo. Se refiere solamente a los gobiernos peronistas. No pretende sostener que en los otros no haya habido prácticas cuestionables. Frondizi, por ejemplo, que pudo designar a todos los jueces de la Corte al asumir luego de un gobierno de facto, impulsó luego un innecesario aumento del número de miembros del tribunal de cinco a siete.

Pero la peculiaridad del peronismo es que la intervención sobre el Poder Judicial es siempre un objetivo de primera magnitud. Perón, Menem y Kirchner se lanzaron sobre la Corte Suprema apenas asumieron sus presidencias.

Pero la peculiaridad del peronismo es que la intervención sobre el Poder Judicial es siempre un objetivo de primera magnitud. Perón, Menem y Kirchner se lanzaron sobre la Corte Suprema apenas asumieron sus presidencias. Cristina Kirchner tuvo un gesto de apariencia republicano a fines de 2006 al promover la reducción del número de miembros de la Corte, pero hay que interpretarlo en el contexto de las elecciones presidenciales del año siguiente, cuando intentaba exhibirse como la cara institucionalista del kirchnerismo. Ya en su segunda presidencia ubicó a los jueces, así como a los periodistas independientes, en el campo de los enemigos. Sin la mayoría suficiente en el Senado como para designar nuevos jueces de la Corte, no jugó la carta de la ampliación del tribunal, que habría obtenido por mayoría simple, pero impulsó el control del Consejo de la Magistratura mediante la elección popular de sus miembros, que fue declarada inconstitucional.

La actual embestida contra el Poder Judicial se inscribe, por lo tanto, en la más pura ortodoxia peronista. En la comunidad organizada no hay lugar para la independencia judicial, que es vista como un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad popular, que monopoliza el presidente y ahora, en un aporte argentino a la teoría política, la vicepresidente. Julio Bárbaro, que anda siempre como Diógenes con la linterna buscando al peronismo, debería admitir que el gobierno de los Fernández pasa con creces la prueba ácida: su vocación por subordinar a la justicia, que es todo lo que se necesita para terminar con la República, abreva en las fuentes históricas del movimiento.

 

Osvaldo Pérez Sammartino

Abogado (UBA). Master in Laws (University of Connecticut School of Law). Profesor adjunto regular de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho, UBA). Profesor de Derechos Fundamentales (Universidad de San Andrés).

Origen: Las cortes peronistas | Seúl