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Nacida en la ESMA e hija de desaparecidos durante la Dictadura, sostiene el vínculo con su familia apropiadora y pelea por mantener el apellido en su DNI.

Su decisión fue apelada en la Justicia por las Abuelas de Plaza de Mayo y la causa espera una definición de la Cámara de Casación mendocina.

El centro de la foto es lo que cruje y desenmascara. La escena parece transcurrir en una inequívoca cotidianidad; una mesa algo desarreglada, la vajilla de diario con restos de comida y los rostros encendidos por el calor del vino conforman una postal cualquiera dentro del anecdotario familiar. Sólo que para Miriam Lourdes Fernández Poblete la imagen es también un documento íntimo que contradice la versión pública y oficial acerca de a quienes reconoce como sus padres. Enfrenta la cámara con una sonrisa en medio del círculo familiar, sus rasgos angulosos contrastan con las caras redondeadas que la circundan. “El resto de mis hermanos son todos iguales. En una de las fotos que salimos los seis, la única que resalta soy yo”. Rodea en un abrazo a dos de sus hermanos de adopción. En los márgenes de la mesa están sentados Iris Luffi y Armando Osvaldo Fernández, ambos imputados -en un juicio que comenzó en marzo de este año-, por el delito de apropiación durante la última dictadura cívico-militar.

En diciembre de 2017 una muestra de ADN confirmó lo que Miriam venía rumiando por años. Desde su adolescencia había batallado con una verdad a medias; sabía que era hija de desaparecidos pero se negaba a indagar en su historia. Su llegada a la casa de los Fernández estuvo cubierta por un manto de intriga en la construcción familiar.

Sus padres biológicos, Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano habían sido vistos por última vez en mayo de 1977, días en los que esperaban a su primera hija. Con el hallazgo de su identikit genético, Miriam pasó de ser la hija de un represor a la nieta recuperada 127. Una verdad incómoda. A diferencia de la mayoría de los nietos recuperados, ella elige mantener el apellido de sus apropiadores en el DNI. “Yo me siento Miriam Fernández, lo he sido durante 43 años. Es toda una vida”. Llevó su pedido a la Justicia y obtuvo un fallo favorable en primera instancia en el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, medida que fue apelada por Abuelas de Plaza de Mayo. A la espera de la decisión de la Cámara de Casación Penal, su caso revela los intersticios de la lucha por la identidad. Un terreno de disputa cuando lo personal deviene en colectivo.

Mi padre, el monstruo

Era 2005 cuando detuvieron por primera vez a Armando Osvaldo Fernández y la foto familiar comenzó a resquebrajarse. Dos años antes, el 21 de agosto de 2003, el Senado había aprobado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 24 de marzo del año siguiente, Néstor Kirchner descolgaba los cuadros de Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, en un gesto que se imprimió en la retina de millones. Era un momento auspicioso para los movimientos de Derechos Humanos, pero para Miriam fue el inicio de su recorrido por los ajetreados tribunales mendocinos. “Mi papá fue uno de los primeros que cayó por la Megacausa de Mendoza (el juicio que reunió a 20 causas por Delitos de Lesa Humanidad en la provincia). Cuando detuvieron a mi viejo yo tomé la posta. Como era la hija soltera y mi vieja se vino a vivir conmigo, empecé a empaparme en el tema de los juicios”.

Armando Fernández fue uno de los 34 imputados, junto con oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía provincial, miembros de la Penitenciaría y cuatro jueces acusados de complicidad por no investigar los asesinatos y crímenes denunciados durante la dictadura. Entre los delitos que se acumulaban en las miles de fojas de la investigación se incluían la apropiación de niños, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1 fue sede de las audiencias que enfrentó Fernández, acusado de pertenecer al aparato de represión ilegal que en Mendoza tuvo como uno de sus brazos ejecutores al Departamento 2 de Informaciones -D2- de la policía provincial. Miriam iba a Tribunales y se sentaba a escuchar en la primera fila de la sala, necesitaba ver para creer. “Vi pasar como 400 testigos”, cuenta hoy. “Si dicen que mi papá es un monstruo, yo quiero saber por qué. Me surgieron esas dudas”.

El D2 había sido creado en 1970 como un departamento de informaciones de la Policía de Mendoza, y tenía originalmente la tarea de perseguir delitos comunes, pero terminó utilizado como una central de la “lucha antisubversiva”. Ubicado en el primer piso del Palacio Policial, funcionó como un órgano de inteligencia y uno de los principales centros clandestinos de detención en la provincia. Allí, Armando Fernández conducía los interrogatorios junto al ex comisario inspector, Juan Agustín Oyarzábal, y al ex oficial inspector, Eduardo Smahá Borzuk, reconocido como uno de los asesinos del periodista y militante de Montoneros, Francisco “Paco” Urondo. Miriam asistía a las audiencias esperando dilucidar si las acusaciones contra Fernández coincidían con su registro interno: “En ninguna declaración un testigo identificó a mi papá. Nadie dijo que él lo había torturado, que la había violado, nadie… me quedé un poco más tranquila porque yo sé quién es mi papá. Con ese criterio es que lo defiendo, a mí nadie me demostró que es un genocida”. Fernández sería sentenciado a cadena perpetua en dos oportunidades por actuar como enlace de inteligencia entre la Policía y el Ejército, colaborando con operativos de desapariciones forzadas como el “Operativo Escoba”, como se llamo a la sistemática persecución, secuestro y asesinato de militantes del Partido Comunista.

Luego de pasar tres años detenido en la cárcel mendocina de San Felipe, en noviembre de 2008 Fernández fue liberado gracias al fallo Díaz Bessone, una sentencia que generó controversia al habilitar la libertad de los procesados por crímenes de lesa humanidad que no presentaran riesgo de fuga o que pudieran entorpecer las investigaciones. En esos días Miriam formaba parte de Hijos y Nietos de Presos Políticos, una agrupación que nucleaba a familiares de miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército condenados por delitos de lesa humanidad. Para ella, “el fin no era defender a los padres en el sentido de decir ‘son inocentes’, sino exigir los derechos que les corresponden, como a cualquier preso”. Cuando su apropiador logró la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, ella lo sintió como un alivio. “A mi papá lo habían desvinculado de la policía por una enfermedad crónica producto de un ACV. Llegó un momento en que estaba detenido con una sonda puesta”. Miriam, que sobrellevaba la carga de los juicios y el cuidado de Iris Luffi, presentó un pedido de habeas corpus para sacarlo de la cárcel. “Ni los abogados lo hicieron, fui sola”.

La casa de los Fernández se convirtió en la sede de las audiencias que siguieron en cada uno de los juicios de la Megacausa. “Cuando terminaban de declarar los testigos, yo le preguntaba a mi papá: ‘¿qué pasó en este enfrentamiento?’ y él me contaba. No tenía filtro. Era su trabajo, todos los operativos que pasaban en Mendoza llegaban a él, se armaban expedientes y se los pasaban a los militares. Esa información era recopilada por mi papá. Hasta el día de hoy puedo sentarme y hablar con él”. El pacto de confidencias que sostuvieron a través de los años fue la garantía que les permitió permanecer cerca a pesar de todo. Ni los testimonios de víctimas, ni los juicios, ni las condenas a cadena perpetua contra Fernández lograron debilitar los sentimientos de Miriam hacia él.

«Yo no quería conocer mi historia. Intuía que era muy probable que fuera hija de desaparecidos y pensaba que no iba a cambiar mucho mi vida».

No era la primera vez que ella lo confrontaba; su propia historia había estado tamizada por la revelación de una herencia involuntaria.

Durante la niñez, el origen de su llegada a la casa familiar fue un secreto a voces en el barrio policial donde vivían los Fernández. Cuando Miriam tenía 8 años comenzó a sospechar que había una silueta negra que anunciaba su nombre. “Empecé a escuchar comentarios en el barrio, nadie se animaba a decirlo pero se sabía que yo era hija adoptada. A esa edad no te cuestionás ciertas cosas”. Osvaldo, el hermano 9 años mayor, guarda un recuerdo difuso de los primeros tiempos de Miriam en aquella casa del barrio Dorrego. Un año y dos meses antes había nacido Federico, el tercer hijo de la familia. Durante las primeras charlas con sus hermanos, se asomaba la confusa coincidencia de los dos bebés conviviendo en la familia pero el recuerdo de un solo embarazo. “Ahí surgió la duda entre los hermanos”. A la falta de certezas sobre sus primeros años se le sumó luego el conocimiento de las desapariciones forzadas y el robo de niños sistemático que le había estado vedado durante la infancia. “Recién en la secundaria empecé a conocer lo que había pasado en la dictadura, durante los ‘80 no se hablaba del tema en las casas”.

Cuando Miriam cumplió 16 y su anorexia le carcomía el cuerpo, decidió hablar con sus padres sobre la sombra que llevaba a cuestas. “Cuando fui a la psicóloga lo primero que me preguntó fue: ‘¿cómo fue tu infancia?’. Yo le dije: ‘Mi infancia fue de lo mejor, jugando con mis hermanos, haciendo casitas en los árboles’, todo lo que hacen los niños’. Ella no entendía por qué yo había llegado a ese punto de la enfermedad”. Un día después del colegio disparó la pregunta que le murmuraba en el oído hacía tiempo. Esa tarde, Iris Luffi había salido a hacer las compras. Armando Fernández estaba recostado en su cama.

-Hay algo que yo sé, pero quiero que me lo digas vos.

Fernández confirmó la sospecha; su hija era adoptada. Por ignorancia u omisión, esa tarde Miriam sólo conoció una parte de lo pasado: “Me dijo: ‘la verdad es que no sé quiénes son tus padres biológicos, si vos querés saber quiénes son, yo te acompaño’”. El relato de su apropiador describía que un día de 1977 un militar había llegado a la casa familiar con un bebé que todavía portaba su cordón umbilical. Mientras su madre biológica se encontraba internada en el Hospital Emilio Civit, les pidieron que colaboraran cuidando a la niña. Era cuestión de horas; el padre pasaría a buscarla al día siguiente. Claro que nunca llegó nadie. Luego de una infructuosa visita a la Brigada Aérea para encontrar al padre, los Fernández recibieron un consejo inusual; la niña podía ser anotada en el Registro Civil como su hija. De ese modo podrían hacerle los controles médicos que requería la recién nacida. Con la ayuda de Abelardo Santiago Garay, también policía del D2 y testigo del falso nacimiento, la niña sería anotada como Miriam Lourdes Fernández.

“Yo no quería conocer mi historia, intuía que era muy probable que fuera hija de desaparecidos y pensaba que no iba a cambiar mucho mi vida, que no iba a poder hacer nada”. En su fuero interno reconocía a los Fernández como sus padres. Hablar era una forma de quitarles el peso del silencio. Después de esa primera conversación decidió enfrentar a Iris Luffi, quien se resistió todo lo que pudo a decir la verdad. Fue Armando Fernández quien levantó la voz.

-Negra, ya está. No podemos negar más.

Ese día Miriam pensó que sería la última vez que tocarían el asunto. “Les dije que para mí no cambiaba nada. Era un tema entre nosotros tres y nadie más. Así fue, nunca más lo hablamos”.

Mejor no hablar de ciertas cosas

Todas las semanas después de la misa dominical, Francisco Moyano iba a rezarle a la Virgen de Lourdes en la iglesia mendocina de San Vicente Ferrer. No podía adivinar que la nieta que esperaba había sido bautizada con el nombre de su santa. Por esos años, tampoco podía saber cuál había sido el destino de su hija menor. Desde la desaparición de María del Carmen Moyano, había removido cielo y tierra para encontrarla; presentó habeas corpus, fue a todas las Casa Cunas que pudo, viajó hasta Buenos Aires para reunirse con las Abuelas de Plaza de Mayo. Ninguno de esos intentos dio resultado. La última vez que había visto a su hija fue para la Navidad de 1977. Ella y su pareja, Carlos Poblete, habían llevado regalos para los chicos de la familia. Pichona, como la apodaban por ser la menor de tres hermanas, estaba esperando a su primera hija. Esa visita era la última posta antes de llegar a Buenos Aires para comprar un pasaje que la llevara fuera del país. Hacía rato que su vida era errante; desde que había dejado la ciudad de Mendoza para mudarse a San Juan, la clandestinidad la perseguía a cada paso. Parecían lejanos los años de estudio de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Juan Agustín Maza. Fue por esa época que Pichona comenzó a militar en una agrupación interna de la Juventud Peronista que hacía trabajo social en el Barrio San Martín.

La noche del 4 de abril de 1975 lo cambió todo. “Ese día me llamó por teléfono y me dijo que nos encontráramos en el centro para ir al cine”, relató durante el juicio de apropiación Beatriz García, su amiga y ex compañera de trabajo en la Dirección municipal de Tránsito y Transporte. En el Cinerama de la Galería Tolosa de la ciudad de Mendoza promediaba el final de “La hija de Ryan” cuando ofreció llevar a su amiga hasta la casa. Casi al llegar, “vi que estaban haciendo un operativo inmenso en su casa. Había un gran despliegue de vehículos y muchos uniformados. Nos miramos y sin hablar estuvimos de acuerdo”. Pichona debía escapar. Al día siguiente no volvió a las oficinas municipales en donde trabajaba.

Después del allanamiento al hogar de los Moyano, la hija menor huyó primero a la casa de una compañera de militancia para luego refugiarse en San Juan. En esa provincia, Carlos Poblete militaba en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería cuando recibió a Pichona en su casa. “Cuando llegó, él fue a buscar ropa y calzado para ella porque se había ido con lo puesto”, contaría años después Beatriz García.

“Mis hijos desconfiaban porque ella defendía tanto a sus apropiadores, yo por un tiempo dudé, pero es algo que no se puede justificar de ninguna manera”. Adriana Moyano, tía biológica de Miriam.

La sangre insiste en la permanencia, aún en el olvido. En Miriam son sus ojos castaños, rasgados, con cejas débiles los que revelan. Podrían solaparse a la imagen sepia de su madre y nadie notaría la diferencia. Fue en 2017 cuando ella escuchó por primera vez los nombres de Poblete y Moyano. Todavía no sabía de su convivencia en San Juan, de su militancia en Montoneros, de su secuestro en alguna ruta de Córdoba, de la detención de su padre en el Centro clandestino La Perla, ni de su nacimiento en la Escuela Mecánica de la Armada. Todo lo que tenía ese 23 de diciembre era un ADN positivo. Un resultado que hubiera preferido no saber. “Cuando saltó el tema de mi identidad a través de una denuncia, mi vecino me avisó que habían venido con una citación. Como todo el mundo conocía la situación de mi viejo, pensé que era por un tema de él, nunca imaginé que era por mí”. En su casa, ubicada a 20 metros de la de los Fernández, leyó la notificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fechada en junio. “Me citaban a una reunión y ahí dije ‘sonamos’”. La intranquilidad le subía por el cuerpo. “Llamé al abogado de mi papá, que es un defensor público oficial, y le pedí que averiguara de qué se trataba, pero no le dijeron nada. Fui a hablar con el testigo que también está imputado, Santiago Garay. Como una forma de protección, le fui a avisar. Cuando le conté que sabía mi historia, él se quería morir”. Garay, que había sido testigo en la falsificación de su partida de nacimiento, fue un actor esencial en posibilitar el delito de su apropiación. “La desaparición forzada tiene tres elementos, tanto en el derecho internacional como en el penal local: la privación de la libertad de la persona, la participación del Estado y el ocultamiento de la información sobre el paradero de la persona. La inscripción falsa de los hijos de desaparecidos opera como este tercer elemento, es la prueba para comprobar el delito”, explica Luciano Hazan, Miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas.

Miriam conocía las implicancias de aquella citación. Su mayor miedo era que metieran presa a Iris Luffi. “Se lo dije al juez, yo mato por ella. Mi mamá siempre me apoyó y me dijo que era una decisión mía, estaba destruida por lo que pasaba”. Lo analizó durante una semana, aunque no había mucho por hacer. “Faltaban unos días para mi cumpleaños 40 y mi familia me estaba organizando una fiesta sorpresa. Pensé que si me quedaba en mi casa iban a venir a allanarme”. Avezada en las historias de tribunales, temía que su caso se asemejara a las escenas de patetismo que habían vivido otros nietos, como aquella chica que le tiró su bombacha al juez Ariel Lijo con tal de no someterse a un ADN. “Arreglé con mis hermanas y me fui a Chile. Me fui un lunes a la madrugada y el viernes era mi cumpleaños. Ese día, mi hijo viajó con mi mamá a Chile para pasarlo conmigo”. Mientras festejaba su cumpleaños y Gendarmería custodiaba su casa esperando a que regresara, tomó quizás la decisión más difícil de su vida.

-Ya está, no puedo seguir ocultándome de esta manera. Enfrentemos esto porque nos va a matar esta situación, le dijo a Iris Luffi.

En octubre llegó una nueva notificación y Miriam accedió a regañadientes a realizarse un hisopado. “No quería hacerme el ADN hasta que me dijeron que allanarían mi casa”. Como otros casos de nietos recuperados, la toma de muestras de manera compulsiva presentaba una disyuntiva que ya había saldado la jurisprudencia. “Existen antecedentes que no avalan lo compulsivo del análisis pero ha habido otros precedentes, especialmente de la Corte Suprema, que sí prevén la toma de muestras de ADN desprendidas del cuerpo, con lo cual no hay un sometimiento de la voluntad de la persona», explica Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas. «En el caso de Miriam se procedería de esa manera, pero en el momento de ordenarse se la consultó si aceptaba ofrecer una muestra de sangre como medida previa a una requisa domiciliaria. Ella accedió. ¿Actuó con libertad? Bueno, es lo que prevé el artículo 218 bis del Código Penal Procesal”.

El resultado llegó poco antes de la Navidad de 2017. “El 23 de diciembre me llamó el juez. No me pasó nada cuando lo supe”. Miriam se aferró a un imposible hasta el último minuto, “yo pensaba que tenía el 50% de posibilidades de que no saltara, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos no tiene las muestras de todos los desaparecidos: ‘Corro con ese mínimo porcentaje de que dé negativo’, pensaba”. Unos días más tarde, Elsa Poblete y Adriana Moyano, hermanos de Carlos Simón y María del Carmen, recibían la noticia: su sobrina había aparecido.

La nieta que no quiere ser recuperada

Diciembre de 2017 estaba a punto de evaporarse cuando el sonido del teléfono interrumpió el silencio mendocino en la casa de Adriana Moyano. Elsa, una de las siete hermanas de Carlos Simón Poblete, estaba a punto de removerle el pasado. “Atendí y Elsa me dijo: ‘me han llamado del Ministerio de DD.HH. diciendo que ha aparecido la hija de Pichona y Carlos’. Yo pensé que la estaban cargando”. No fue hasta el día siguiente, cuando Estela de Carlotto la esperaba del otro lado de la línea para darle la noticia, que comprendió la magnitud del anuncio. “Tengo la conversación grabada en mi cabeza. Me dijo que el 28 harían la conferencia para dar a conocer todo”. La idea de subirse a un avión hacia Buenos Aires la angustiaba pero quería llegar a tiempo para conocer a su sobrina. La memoria de su padre, Francisco Moyano, que había golpeado todas las puertas para encontrar a Pichona y a su nieta rezumaba en aquella conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras la muerte de su papá en 2010, Adriana sostuvo la esperanza de su familia. Allí se encontraba, sentada en la sala de la conferencia buscando a Miriam. “Nunca pensé que ella no iba a estar, ni que iban a pasar meses antes de conocerla”.

Incluso conociendo su identidad, Miriam seguía en estado de negación. “Estaba bloqueada, cuando comenzaron los juicios y se empezó a saber toda la historia, mi hermano me decía: ‘¿no te remueve nada? ¿no querés saber?’. Yo no quería”. Pasó casi un año hasta que decidió acercarse a su familia biológica. Adriana estaba ansiosa por tener un encuentro con su sobrina. “En un momento pensé en ir a la casa de ella, pero no lo hice. Respiré hondo y esperé. Le pedí a mi hija que se comunicara con ella por Facebook’”. El mensaje que recibió fue tajante: Sé quienes son ustedes pero todavía no estoy preparada para aceptarte como amiga. Después de aquel intercambio de mensajes, Miriam viajó a Buenos Aires para presentar la documentación que le permitiría acceder a una indemnización como hija de desaparecidos. “Tenía que recuperar el expediente de la Conadep y estaba en la ESMA. Ese viaje lo hice con mi mamá y mis hermanas”. Cuando llegó al museo con sus hermanas mellizas -las menores de la familia Fernández-, las autoridades la estaban esperando con su expediente y un recorrido por el horror. “Yo creo que ahí hice el click, es increíble entrar a un museo y ver que ahí están relatando tu parto”.

María del Carmen Moyano estaba encadenada en un sótano de la ESMA cuando nació su hija. En un día indeterminado de junio de 1977 comenzó su trabajo de parto. A su lado se encontraba otra embarazada, Ana Rubel, madre del nieto restituido n° 116. Al sentir las primeras contracciones, la llevaron al sótano lindero a la sala de torturas y la enfermería donde sería atendida por el ginecólogo Jorge Luis Magnacco. La testigo Sara Solarz de Osatinsky escuchó los gritos de Pichona cuando ya no soportaba el ruido de los grilletes y sobrevivió para contarlo. “Sara y Teresa Meschiati mandaron cartas a mi casa. Nos llegaron en la época en que asumió Raúl Alfonsín”, cuenta Adriana.

Para Miriam, confirmar el sufrimiento de su madre significó un antes y un después. Luego de ese primer viaje a la ESMA enfrentó una vez más a Armando Fernández: “le dije: ‘es inhumano en las condiciones que hacían parir a las mujeres. Eso no se puede justificar’, ahí me dio la razón. Hasta que no te toca a vos no lo podés ver”.

Cuando venció las primeras resistencias llamó a su tía para, al fin, conocerse. Adriana la invitó a tomar el té pero los reparos eran mutuos. “Mis hijos desconfiaban porque ella defendía tanto a sus apropiadores, yo por un tiempo dudé, pero es algo que no se puede justificar de ninguna manera”. Aquella tarde fue una oportunidad para recapitular en la intimidad de sus padres. “A medida que fui conociendo la historia de mi familia biológica me impresionó la cantidad de similitudes que había con mis padres adoptivos; mi madre biológica y la adoptiva son las dos de Mendoza y mis padres, los dos de San Juan. Mis madres nacieron en mayo, mis dos abuelos son ferroviarios. Hay muchas coincidencias en esas historias paralelas”. En ese juego de correspondencias, sin embargo, había ciertas discordancias que no podían ser resueltas. La más notoria era la decisión de Miriam de conservar la identidad de sus apropiadores.

La disputa por la identidad

Es el 21 de mayo de 2021 y Beatriz García presta declaración en el juicio por la apropiación de Miriam, la hija de su amiga. La última vez que habían podido hablar, Pichona le había contado de su embarazo y ella le regaló unos escarpines. Unos 28 años después, tendría los primeros indicios que servirían para impulsar la búsqueda de Miriam.

En noviembre de 2005 Beatriz era parte del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos cuando Blanca, una docente y compañera de trabajo, le dijo que había un tema delicado del que quería hablarle. Blanca Haydeé Bustos es la prima de Armando Fernández y tenía un secreto que había guardado demasiado tiempo. En el invierno de 1977 los Fernández visitaron su casa con una bebé a cuestas. Años después Blanca vinculó aquel episodio con los delitos de la última dictadura. “A los indicios que ya teníamos se sumó un correo enviado en diciembre de 2010 por una joven que dijo llamarse Sofía Sande y ser prima de la víctima. En su correo daba muchas precisiones sobre el caso, entonces la invitamos a concurrir a nuestra oficina para hablar”. Hubo que esperar dos años para que la agrupación HIJOS presentara una denuncia formal que empujaría la investigación judicial. Por primera vez, Armando Osvaldo Fernández, Iris Luffi y Santiago Garay deberían dar explicaciones ante el Tribunal Oral Federal Nº 1.

El juicio de la nieta recuperada 127 tenía sus ribetes. A diferencia de otras familias en causas similares, como ex oficial del Departamento de inteligencia policial, Fernández ocupaba un lugar clave en el aparato represivo. “El hecho de que hubiera participado activamente en la represión lo hacía conocer al detalle todo lo que sucedía. La hipótesis de la querella es que Fernández sabía quiénes eran los padres biológicos de Miriam”, sostiene Emanuel Lovelli, abogado en representación de Abuelas. El dato que abona la teoría es el traslado de la recién nacida desde la ESMA a Mendoza, donde vivía la familia de su madre biológica, así como la de Fernández. Para Adriana Moyano esta versión tiene mucho sentido. Tanto que cuando Miriam solicitó conservar el apellido de sus apropiadores fue un golpe duro de digerir. “No me lo banco por todo lo que conlleva y por la defensa cerrada que hace de Fernández. Ella no admite lo que hizo su padre”.

Es el segundo caso de un nieto restituido que elige llevar el apellido de sus apropiadores. En 2017, Hilario Bacca fue noticia cuando la Justicia garantizó que conservara un nombre que generó el repudio de Abuelas de Plaza de Mayo por vulnerar los derechos de las familias de desaparecidos. Para Luciano Hazan, el reclamo hace pie en la legislación internacional ya que “la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que la víctima no es solo la persona desaparecida sino también las familias”. Luego de rectificar su partida de nacimiento con el apellido Poblete, los jueces Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios le concedieron a Miriam la alternativa de mantener su antiguo DNI. Entre los considerandos, el fallo se adscribe a la doctrina de la identidad dinámica, aquella que se define por la “verdad personal” de cada individuo. “El común denominador de todos los nietos es llamar a sus padres adoptivos apropiadores y cortar esa relación de toda una vida. Yo no la voy a cortar porque he transitado 43 años de una vida en familia, si no pueden entender eso… todo esto me llevó a decir, ‘escuchen lo que me pasa a mí’”, afirma Miriam.

A pedido de Adriana Moyano, Abuelas presentó un recurso de apelación en marzo de 2021. La posición de los abogados querellantes se basa en un argumento técnico: “esa sentencia debe ser modificada por varias razones, la más contundente y más formal es que su acta de nacimiento fue tachada de nulidad, al suceder esto, todos los elementos que la componen son nulos”, explica Lovelli. Desde su punto de vista, que Miriam conserve el apellido Fernández significa perpetuar un efecto del delito. “Lo que postulamos es que la inscriban con las normas que el Estado prevé, después que ella como persona adulta haga lo que quiera hacer”. La decisión final está en manos de la Cámara de Casación Penal.

Mientras continúan las audiencias por el juicio de su apropiación, a Miriam le quedan interrogantes que todavía no pudo subsanar. “Es muy desgastante el proceso del juicio. Yo realmente quiero saber lo que pasó: cuándo nací, quién me trajo a Mendoza, lo más básico que cualquiera tiene derecho a saber”. Como una imagen fuera de foco, la historia de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete difícilmente se podrá elucidar.


Origen:CLARIN