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Algo crucial para comprender el fenómeno del país caribeño es la fragmentación y descoordinación de los líderes y partidos opositores

Hasta hace unos meses, algunos líderes opositores, entre ellos, Mario Negri (enfocado en estos días en mantener su papel como jefe de la bancada de JxC en la Cámara de Diputados), repetían un mantra con el que aspiraban a alertar sobre el riesgo institucional que según ellos vivía el país y, al mismo tiempo, a galvanizar al electorado en unos comicios que lucían muchísimo más competitivos de lo que terminaron siendo: “Estamos a siete diputados de ser Venezuela”. Muchos observadores descontaban que el oficialismo seguiría controlando el Senado y advertían sobre el hecho de que en la Cámara baja la oposición debía reemplazar las bancas obtenidas en las elecciones de 2017, antes del desbarranco económico y con el peronismo todavía dividido. ¿Sería posible superar el umbral del 40% de los votos con el FDT gobernando la Nación y la enorme mayoría de las provincias, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos? Excepto CABA y Mendoza, se trata de los distritos más relevantes desde el punto de vista demográfico. “Y con La Cámpora controlando el proceso electoral, incluido el crítico Correo”, se preocupaba un dirigente opositor convencido de que “las redes del castro-chavismo” habían penetrado el aparato del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, con lo cual, a diferencia de lo que venía ocurriendo en este sinuoso período democrático a punto de cumplir 38 años, la transparencia de las elecciones estaba en riesgo.

En perspectiva, el escenario actual es diametralmente opuesto. A pesar de las típicas irregularidades que ocurren en todos los comicios, y sin olvidar la necesidad de agilizar el sistema de votación, por ejemplo, con la incorporación de la boleta única de papel, entre otras medidas para mejorar la calidad del proceso electoral, las últimas elecciones fueron libres y justas. Más, la diferencia en la crucial provincia de Buenos Aires fue de alrededor del 1% y, sin embargo, los derrotados no cuestionaron el resultado, sino que curiosamente prefirieron festejarlo. A primera vista, la Cámara de Diputados quedó idéntica en términos de correlación de fuerzas, aunque experimentará un salto extraordinario con la incorporación de importantes figuras que en principio permiten ser más optimistas en cuanto a la calidad del debate y el prestigio del cuerpo. En el Senado, por el contrario, se produjo un cambio histórico con la pérdida del quorum propio por parte del peronismo, un hecho inédito desde 1983 hasta la fecha. Es difícil aún definir hasta qué punto esto va a transformar viejas prácticas y valores característicos de la cultura política argentina. ¿Continuará el viejo criterio según el cual el Senado no acepta pedidos de desafuero hasta que no haya una sentencia firme por parte de la Corte Suprema? Seguramente la Cámara alta se convertirá en un cuerpo mucho más alineado a lo que supone la letra y el espíritu de la Constitución. Por eso, CFK pretendía convalidar una centena de DNU justo un día antes de que lo que hasta ahora era su “zona de confort” se convirtiera en un potencial dolor de cabeza.

Las elecciones de mitad de mandato ratificaron que tenemos un sistema político basado en dos grandes coaliciones que, al menos de 2015 a la fecha, representan entre el 70% y el 90% del electorado, según se elija presidente o legisladores. Como ocurría con el viejo bipartidismo imperfecto vigente hasta la gran crisis de 2001, surgen terceras fuerzas que pujan por desafiar a los actores dominantes, aunque por lo general terminan pactando con el ganador. Ocurrió con el Partido Federal de Manrique y el radicalismo, con la UCD y el menemismo y con Acción para la República y el gobierno de Fernando de la Rúa. Eso le reclamaban muchos a Mauricio Macri en relación con el Frente Renovador, y de hecho incorporó a su gobierno a algunos funcionarios de ese espacio, pero sus diferencias con Sergio Massa fueron y son irreconciliables. Excepciones no menores: los derrotados de 1995 conformaron la Alianza, y los de 2017, el FDT. Y López Murphy, tercero en 2003, siempre estuvo en las antípodas del kirchnerismo.

Aún más importante, considerar opción posible una eventual “venezolanización” del país suponía ignorar que el chavismo es una dictadura militar, que Hugo Chávez fue un líder carismático que llenó un vacío de poder generado por el colapso del viejo orden bipartidario (Adeco-Copei) a partir del Caracazo (1989) y que se consolidó gracias a los recursos petroleros que el Estado venezolano controla mediante una empresa pública hoy arrasada, como Pdvsa. Por el contrario, nuestras FF.AA. son profesionales y respetuosas del orden institucional (a pesar de los intentos del general Milani en la segunda presidencia de Cristina Kirchner), el sistema político está consolidado y la revuelta fiscal de la 125 puso límites al avance depredador del kirchnerismo. Puede que en la coalición gobernante haya segmentos radicalizados que sueñan con parecerse a Venezuela y de hecho algunos integran la flamante agrupación Soberanxs. Pero que logren su cometido parece, con suerte, un evento de bajísima probabilidad.

Sin embargo, existe un elemento crucial para comprender el fenómeno del país caribeño que no se puede soslayar: la fragmentación, descoordinación y disfuncionalidad de los líderes y partidos de la oposición. La historia del régimen chavista habría sido muy distinta si la oposición hubiera actuado como un bloque homogéneo o, al menos, unido por el espanto. Nada de eso ocurrió. Y no solo por cuestiones de egos y diferencias ideológicas: el régimen se encargó de profundizar rivalidades y sospechas mutuas con todo tipo de artimañas.

La Argentina conoce algo parecido. Para las elecciones de 2011, la oposición hizo todo lo posible para facilitar el triunfo de CFK, despreciando el entonces debutante mecanismo de las PASO y presentando demasiadas opciones, lo que pavimentó el camino para una victoria arrolladora por más del 54% de los votos. Semejante acto de irresponsabilidad política e institucional pudo haber costado mucho más caro de no haber sido por los innumerables errores no forzados y las muestras permanentes de ineptitud de un gobierno que pretendió ir por todo y se quedó sin nada, incluyendo la derrota en la provincia de Buenos Aires en 2015.

Desde la notable y menospreciada victoria del 14 de noviembre, los principales dirigentes opositores tendieron a comportarse de una manera peligrosamente parecida a los que protagonizaron aquella patética elección hace justo una década y a sus fatigados colegas venezolanos que son víctimas y a la vez facilitan los atropellos de la narcodictadura chavista, hace más de dos. Los tempraneros animal spirits de algunos precandidatos se combinan con los codazos para ocupar espacios de poder y otros recelos personales e ideológicos para mostrar, en conjunto, la peor imagen de una coalición heterogénea y, por eso, competitiva de cara a 2023. Si el Gobierno saliera de la fracasada comodidad del “ah, pero Macri” y no estuviera viviendo situaciones parecidas podría hacerse una panzada con los cortocircuitos de la oposición.

No solo hay problemas entre los partidos, sino también en el interior de cada uno de los componentes. Y lo más importante: la profunda crisis actual y el fresco recuerdo del fracaso económico de la experiencia 2015-2019 constituyen razones contundentes como para que los esfuerzos estén puestos en diseñar un plan de gobierno serio, consensuado e integrador, así como equipos de gestión capaces de implementarlo. No queda más espacio para las promesas, la improvisación ni el relato. Es hora de grandes decisiones, no de politiquería barata o devaneos personalistas.
Sergio Berensztein
LA NACION