La violencia policial que el Estado condena otras naciones, no pueden normalizarse en Cuba

La muerte a manos de la policía del ciudadano cubano Zidan Batista Álvarez, ocurrida durante un episodio de violencia en un barrio de Santa Clara el pasado 1ro de julio, es un acontecimiento doloroso y preocupante para la ciudadanía.

En un país donde el uso de las armas de fuego por la policía ha sido mínimo desde 1959, el incremento de episodios de esta naturaleza —recuérdese los casos de Yamisel Díaz Hernández y Hansel Ernesto Hernández Galiano, ambas en 2020, y Diubis Laurencio Tejeda, durante las protestas del 11 de julio de 2021— es síntoma de una deficiente preparación de los agentes del orden ante situaciones de máxima tensión y, en algunos casos, de un peligroso sentimiento de impunidad policial.

Es importante enfatizar que tanto en el evento actual como en los anteriores, las notas oficiales enarbolan las conductas sociales, los antecedentes penales y las condiciones de marginalidad de las víctimas, como si esos elementos resultaran atenuantes o justificantes de sus muertes. En el último caso, la nota ni siquiera consigna el nombre del fallecido, también omite que tenía solo diecisiete años al morir.

Ante tales prácticas, La Joven Cuba recuerda a las autoridades que el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad debe limitarse a situaciones de peligro inminente de muerte o lesiones graves a los miembros de las fuerzas del orden o la ciudadanía. El entrenamiento de la Policía Nacional debe concentrarse en desescalar situaciones de peligro  y que el uso de las armas reglamentarias sea siempre la última opción. Este tipo de procederes, que el Estado condena otras naciones, no pueden normalizarse en Cuba.

Asimismo, contrario a lo que ha sucedido en los casos anteriores, consideramos imprescindible que la ciudadanía sea informada de la marcha del proceso de investigaciones, así como de las medidas que se apliquen como resultado. De ese modo se garantizaría la tan necesaria transparencia.

Las situaciones de marginalización no son excusa para el uso de la violencia policialcontra ciertos grupos sociales. Las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de determinados sectores en la Isla no pueden utilizarse como justificación para la represión.

Es deber del Estado resolver esas situaciones, no con intervenciones cosméticas ni coberturas periodísticas edulcoradas, sino con acciones concretas que dignifiquen a las personas, respeten sus voces y eliminen las trampas de pobreza que se agudizan en el país.

Origen:  La Joven Cuba