Los recientes acontecimientos políticos en #Argentina y #Chile son inconcebibles para quienes gobiernan en #Cuba.
ORLANDO FREIRE SANTANA
Los recientes acontecimientos políticos en Argentina y Chile son inconcebibles para mentes tan antidemocráticas como las del castrismo.
Dos recientes sucesos de política internacional han dejado desconcertados a los gobernantes cubanos. Sucedieron en sociedades democráticas, donde existe separación de poderes y libre flujo de la información, y por tanto los gobernantes de esas naciones no pueden disponer a su antojo de lo que en ellas sucede, tal como sí ocurre en esta especie de finca privada de los castro-canelistas.
El primero de esos sucesos ha tenido lugar en Argentina. Allí la vicepresidenta de esa nación, y aliada del castrismo, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido acusada de asociación ilícita y otros actos de corrupción, motivos por los cuales el Poder Judicial le solicita una pena de prisión más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Claro, en Argentina el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, y eso no es entendido por el castrismo, pues aquí en Cuba los jueces y fiscales llevan en sus bolsillos el carné del gobernante Partido Comunista y, en consecuencia, antes que emitir justicia, cumplen las directivas de la cúpula gubernamental.
En ese contexto, el periódico oficialista Trabajadores publicó un artículo de Karina Nazabal, concejala de la agrupación política a la que pertenece la vicepresidenta argentina, en el que expresa: «Hoy nuestro Poder Judicial nos avergüenza. Está a las órdenes de poderes fácticos que nada tienen que ver con las necesidades y las demandas de nuestro pueblo».
Al castrismo le agrada sobremanera que un Poder Judicial independiente sea calificado de ese modo. Al propio tiempo, insisten en que Cristina es víctima de lo que llaman «judicialización contra los dirigentes progresistas de la región», tal y como habría ocurrido en los casos de Dilma Russeff, Fernando Lugo y Rafael Correa.
El segundo de los sucesos ha tenido a Chile como escenario. Allí la población, mediante su voto libre en las urnas, rechazó por amplio margen una propuesta de modificación a la Constitución vigente desde 1980, cuando gobernaba el general Augusto Pinochet.
Los gobernantes cubanos, en su mente totalitaria, no conciben cómo una propuesta que contaba con el apoyo del Gobierno del izquierdista Gabriel Boric pueda haber sido derrotada.
En su desconcierto, la cúpula castro-canelista, por intermedio del diario oficialista Granma aseveró: «Este resultado es consecuencia de una amplia campaña de desinformación respecto a la nueva Carta Magna».
El oficialismo cubano denomina «campaña de desinformación» a la posibilidad que tuvo la oposición chilena — o simplemente, los contrarios a esa modificación de la Constitución— de acudir a los medios de difusión para exponer sus puntos de vista. O sea, a estar en igualdad de condiciones con el Gobierno para influir en las decisiones que tomen los electores.
Se trata, igualmente, de una situación inimaginable para un régimen como el cubano. Porque aquí son ellos, los gobernantes, quienes únicamente pueden usar los medios de difusión para exponer sus argumentos previos a una elección o a cualquier consulta en las urnas. Así hicieron en 2019 cuando el plebiscito acerca de la Constitución de la República, y así están haciendo ahora con vistas al referendo sobre el Código de las Familias, que será objeto de votación popular el próximo 25 de septiembre.
Por supuesto, el cubano de a pie observa lo que ha sucedido en esas dos naciones del continente, y lo compara con el férreo dominio que ejerce el castro-canelismo sobre nuestra isla. Y al menos ya nadie puede hacerle un cuento acerca de dónde se vive realmente en democracia.
Origen: Diario de Cuba
Bosch's Blog 