Por Carlos Manfroni

En marzo de 1996 se firmaba la Convención Interamericana contra la Corrupción en la órbita de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el primer instrumento de carácter internacional en la materia. En aquel momento, se trataba de promover, desde un organismo multilateral, el combate a toda forma conocida de fraude contra los Estados del continente, habida cuenta de que los gobiernos improbablemente tomarían esa iniciativa por sí mismos. Los malos gobernantes no quieren que los controlen y los buenos suelen creer que no lo necesitan.

Difícilmente alguien pueda avanzar más allá de su momento histórico y, aun así, la convención contenía cláusulas innovadoras: se incorporó el delito de soborno transnacional, por iniciativa de la delegación de los Estados Unidos, y se requirió el compromiso de legislar el enriquecimiento ilícito, a pedido de la Argentina, que ya lo tenía en su Código Penal. También se estipuló que no sería aplicable el secreto bancario contra las investigaciones por corrupción y se impulsó una docena de medidas preventivas, entre las que figura la protección a los denunciantes.

Todavía no había llegado Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela ni había vuelto Daniel Ortega a Nicaragua. Más aún, la convención partió de la ampliación de un pedido del entonces presidente venezolano Rafael Caldera, quien solicitó que se negara asilo político a los gobernantes y funcionarios imputados por delitos vinculados con fraudes contra la administración pública. Lamentablemente, el mismo mandatario que propuso esta gran iniciativa había indultado, dos años antes, al teniente coronel Hugo Chávez por su intento de golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Así comenzó a incubarse el huevo de la serpiente en el país con mayor tradición democrática de América del Sur.

Tampoco había llegado el kirchnerismo al gobierno de la Argentina, con un modelo de corrupción que ya había practicado en Santa Cruz, su provincia, y que implicaba un cambio de naturaleza respecto de las formas de fraude puestas en juego hasta 2003. Ya no se trataba únicamente de pedir sobornos, sino de apropiarse de sectores de la economía nacional, de empresas estatales y privadas, también de crear compañías con el único propósito de acaparar el dinero destinado a la obra pública. El pueblo argentino sufrió la expoliación puesta en marcha por Néstor Kirchner contra todos los sectores productivos y que continúa hasta el día de hoy, así como la asfixia a la iniciativa de los particulares con la intención de comprar sus negocios por monedas o hacer posible que otros intereses afines al gobernante se adueñen del mercado.

En 1996, no se había instalado aún en América esa izquierda prepotente que siembra el resentimiento contra los que ganan el dinero trabajando mientras sus líderes se enriquecen de manera ilícita y cercenan las libertades individuales. Al menos, no se había instalado en los gobiernos, porque si algo les sobró siempre a los comunistas fue dinero.

Quienes participamos de la redacción de la convención en Washington D.C. teníamos la esperanza de que la naciente globalización disciplinara a los gobernantes en orden a mejores prácticas, si no querían quedarse sin inversiones y, por lo tanto, sin recursos. Todavía no contábamos con el egoísmo extremo de los populismos, que fueron capaces de sumir a sus pueblos en la miseria con tal de acumular poder y arrasar con las instituciones. Y si bien conocíamos los estragos del narcotráfico en Colombia y en México, el negocio más oscuro del planeta aún no había mostrado su poder de modelar los planes de los gobiernos en la línea del Foro de San Pablo.

Después de una serie de reformas llevadas a cabo en los 90 por las naciones del hemisferio a fin de cumplir con los compromisos asumidos con la OEA, llegaron al continente –algunos más tarde, otros más temprano– líderes que sembraron el odio y la división en sus pueblos y arrasaron con las instituciones republicanas con el fin de enriquecerse. El dinero circuló entre ellos con el propósito de apoyarse mutuamente y formar un bloque contra la democracia en América. Ya no solo robaron, sino que mataron, encarcelaron a opositores, sometieron o desplazaron a los jueces y movilizaron multitudes de fanáticos a fin de proteger sus fortunas malhabidas.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue un instrumento revolucionario para su tiempo, pero hoy resulta imprescindible dar un paso más allá. La retracción de las inversiones en los países con pobre institucionalidad ya no asusta a los funcionarios corruptos, quienes cuentan con las reservas de su latrocinio y con los inagotables recursos del narcotráfico. Se hace necesario adoptar contra ellos y sus cómplices, con el respaldo de las reglas internacionales que se generen, medidas económicas del estilo de las empleadas contra Vladimir Putin y sus empresarios aliados.

Quienquiera que hubiera contribuido a la expoliación de un pueblo, a la liquidación de sus instituciones democráticas y a la confrontación popular desde el poder debería ser tratado con las mismas reglas que se emplean contra el terrorismo, incautando sus bienes donde fuere que sean hallados.

La situación imperante demanda un tribunal interamericano con facultades similares a la Corte de La Haya, no para sustituir a la Justicia local allí donde ella pueda actuar, sino para los casos en los que los poderes judiciales sean avasallados o para la actuación fuera de la jurisdicción del propio Estado perjudicado, pues, en estos casos extremos, la corrupción debería considerarse un delito internacional.

Está claro, entonces, que no se trata de tener una corte internacional para juzgar cada soborno, lo cual implicaría una peligrosa desmesura y la desnaturalización de los instrumentos internacionales; pero está faltando una instancia interamericana para los supuestos previstos en el propio preámbulo de la convención: cuando “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas”. Para ser efectivo, un tribunal así debería contar con poder de policía o bien con acuerdos internacionales que faciliten la detención de los funcionarios de los rangos más altos de los gobiernos, donde fuere que estuvieren, por parte de la Justicia de otros países. La inmunidad de la que gozan los jefes de Estado no puede proteger a quienes arrasan con las propias leyes e instituciones en las que después pretenden ampararse.

El actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ya dio un gran paso en ese sentido, cuando en 2019 activó la Carta Democrática contra Nicaragua. Pero resulta imprescindible que la propia Carta Democrática sea actualizada a fin de permitir nuevas sanciones, más allá de la suspensión de un país del sistema interamericano.

Es sabido que la generación de estos instrumentos demanda años; conferencias previas en diferentes países, largas negociaciones posteriores en los organismos internacionales, con propuestas y contrapropuestas, y una tarea de sana persuasión a las fuerzas políticas de cada nación, algunas de las cuales, aun con buena fe, se resisten a este tipo de sistemas.

Es mejor que los buenos se organicen internacionalmente, porque los malos ya hace mucho tiempo que lo hicieron.

Fuente La Nacion