Lázaro Báez, Amado Boudou, Sergio Schoklender, el banquero Jorge Brito y el camionero Hugo Moyano -mientras fue aliado del Gobierno- son sólo algunos de los protegidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años. Así lo reveló LA NACION durante los últimos años, que expuso casos de persecución política, designaciones arbitrarias y despidos de especialistas que resistieron algunas de esas polémicas órdenes superiores.
Todas esas revelaciones provocaron la apertura de por lo menos cuatro investigaciones penales contra el actual titular de la UIF, José Sbattella, y sus principales colaboradores, por la presunta comisión de múltiples delitos e irregularidades.
El fiscal federal Carlos Stornelli inició, incluso, una investigación preliminar y, tras cuatro meses de recopilación de pruebas y verificación de datos, denunció a Sbattella y sus colaboradores por la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.
Stornelli es el mismo fiscal que ahora investiga a Sbattella a raíz de la denuncia de diputados de Unión Pro, que motivaron que el juez Bonadio allanara la UIF y el banco Finansur.
A esas primeras investigaciones se sumó una nueva causa penal durante las últimas semanas, luego de que Clarín revelara que la UIF habría cajoneado, durante cinco años, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cometidas por Báez y sus colaboradores por unos $ 180 millones.
Algo similar ocurrió a raíz de otro escándalo que afecta al Gobierno: el de la malversación de fondos públicos destinados a construir viviendas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Más de un año antes de que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender se distanciaran, la diputada Elsa Quiroz, de la Coalición Cívica, había radicado una denuncia ante la UIF contra Schoklender, por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de una quinta en José C. Paz escriturada a valor irrisorio.
Pero desde la UIF, Sbattella afirmó que faltaban «indicios» para que su organismo actuara, aunque cuando estalló el escándalo envió la documentación a la Justicia. Esos datos están en un expediente que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que implica a funcionarios nacionales.
En mayo pasado, en tanto, LA NACION detalló que las sospechas sobre las empresas que controla Báez se acumulaban dentro de la UIF. Entre otros, con el cajoneo de reportes sobre movimientos sospechosos de Austral Construcciones, la petrolera Epsur, Kank y Costilla, y Gotti Hermanos.
En el caso de Finansur, las alertas se enviaron a la UIF antes de que otro empresario patagónico, Cristóbal López, tomara el control de la entidad en marzo de 2012. Sólo su reporte inicial de 2008 contenía 553 páginas, con detalles sobre el crecimiento exponencial de la cuenta que manejaba Invernes, con los millones de Austral Construcciones y Gotti Hermanos..
Bosch's Blog 
Reblogueó esto en Elbizcocho's Blogy comentado:
Ante la indignación que generan los casos de corrupción organizada y frente al comentario de que Cristina estaría dispuesta a entregar a Boudou a cambio de que dejen de investigar a Baez, resulta de interés el comentario sobre las investigaciones que se realizan en estos temas a nivel judicial. Tendiente a asegurar que no se toque a Baez parecen ser los nombramientos de magistrados que actuarán a nivel de la Corte Suprema.
(Como siempre, gracias y aprecio para Adri Bosch)
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