Una historia repetida
En junio de 2012, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido constitucionalmente como resultado de un juicio político por su responsabilidad en la muerte de 17 personas por enfrentamientos provocados por su Gobierno. El entonces canciller venezolano Nicolás Maduro, viajó personalmente a La Asunción con el fin de presionar a las Fuerzas Armadas para que restituyeran a Lugo en el poder, mientras que el Foro de Sao Paulo declaraba que se habia perpetrado un «golpe».
En agosto de 2016, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida constitucionalmente luego de un juicio político por delitos de corrupción que le fueron comprobados. Una vez más, el Foro de Sao Paulo argumentó falsamente que había ocurrido un golpe de Estado.
Tres años después, en noviembre de 2019, el presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció a su cargo y huyó del país en medio de denuncias de fraude electoral que fueron plenamente documentados por la OEA. De nuevo, los presidentes del Foro de Sao Paulo, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, denunciaron un golpe de Estado.
Finalizando el 2022, el presidente del Perú, Pedro Castillo, fue destituido constitucionalmente y detenido por haber pretendido disolver el Congreso. En respuesta, los presidentes de Argentina (Fernández), Colombia (Petro), México (López Obrador) y Bolivia (Arce), todos ellos miembros del Foro de Sao Paulo, reclamaron a través de una carta pública que se había producido un golpe de Estado.
Más recientemente, en mayo de este año, el Consejo Nacional Electoral de Colombia anunció una investigación en contra del presidente Gustavo Petro, por haber violado los topes de financiación de su campaña electoral, lo cual, según la Constitución colombiana, significaría la invalidación de su investidura y la pérdida del cargo. En respuesta, el Grupo de Puebla se desplazó hasta Bogotá para denunciar que había un «golpe blando» en contra de Petro.
Zelaya atentó contra la Constitución de Honduras
La tesis del «golpe» contra Zelaya en 2009 fue un evento complejo con interpretaciones contrastantes, sin embargo se impuso lo que dicta la Constitución de ese país en su artículo 239: «El Presidente de la República no podrá ser reelegido para el período siguiente, ni por ningún otro período subsiguiente».
Más claro imposible: un presidente hondureño solo puede ocupar el cargo por un período de cuatro años, sin posibilidad de volver a ser electo. Y es que dicha prohibición tiene sus raíces en la historia política de Honduras, marcada por períodos de autoritarismo y dictaduras.
El espiritu de los redactores de la Constitución -que tiene una vigencia de 42 años- no fue otro que evitar la concentración excesiva del poder en una sola persona, para prevenir una repetición de la historia. Además, dicho artículo es considerado como «pétreo», lo que significa que no puede ser modificado ni derogado por ninguna reforma constitucional.
Luego de 15 años, y conocida la trayectoria del Foro de Sao Paulo en denunciar frecuentemente falsos golpes, nadie puede admitir semejante adefesio. En el 2009, los sectores democráticos iberoamericanos no conocian en profundidad los vericuetos legales que siempre trata de imponer los miembros del Foro de Sao Paulo para justificar la permanencia en el poder de gobiernos autoritarios o populistas. Hoy ya están advertidos.