Por Héctor Gambini

A casi 7 años de la muerte del fiscal, todavía no se pueden revisar archivos del hombre que llevó el arma a la escena del crimen.

“A los vivos les debemos respeto. A los muertos, sólo la verdad” (Voltaire).

La muerte del fiscal Nisman es un manual de situaciones insólitas: empezó con más de 50 personas caminando, comiendo y tocando cosas en la escena del crimen; siguió con el gobierno de Cristina Kirchner tratando de imponer la hipótesis del suicidio 6 veces en las primeras 24 horas; continuó con una fiscal que lamentaba no poder probar ese “suicidio” y fue sacada del caso “justo cuando empezaba a investigar a los servicios de inteligencia”; prosiguió con una pericia que dictaminó que Nisman fue asesinado; continuó con el procesamiento de Diego Lagomarsino por haber llevado el arma a la escena del crimen y sigue en estos días con un particular aniversario: se cumple un año del pedido de Lagomarsino a la Corte de Justicia de la Nación para que el fiscal que investiga el caso no pueda acceder a los archivos de uno de sus celulares ni de sus computadoras.

Y la Corte no contesta. No dice ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Como no dice nada, esa pericia no se puede revisar.

Está congelada, paralizada, estancada, hasta que la Corte diga. ¿Y hasta cuándo puede durar esto? No hay límite. La Corte no tiene plazos para resolver.

Para la Justicia, Nisman fue asesinado hace casi 7 años, pero los contenidos de uno de los teléfonos y otros archivos del principal procesado que tiene el caso no se pueden ver.

¿Y por qué Lagomarsino no quiere que el fiscal que investiga la muerte de Nisman pueda ver sus archivos? Porque dice que ahí puede haber información que él sólo compartió con su defensa y que entonces sus derechos podrían verse vulnerados si los ve el fiscal.

Que los analice el juez, pidió. Pero el juez le dijo que no, porque como él mismo delegó la investigación en el fiscal, es el fiscal el que tiene los elementos para relacionar los datos que puedan salir de esas pericias.

Lagomarsino se quejó entonces a la Cámara Federal. Le dijeron que no, que el fiscal podía ver esos archivos sin vulnerar ningún derecho suyo. Lagomarsino se quejó otra vez y fue a Casación. Y Casación le dijo lo mismo.

Los abogados de Lagomarsino -del estudio de Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, Lázaro Báez y muy cercano al kirchnerismo- apelaron finalmente a la Corte, y desde entonces nadie contesta nada.

Lagomarsino y su abogado, Maximiliano Rusconi.

Lagomarsino y su abogado, Maximiliano Rusconi.

Las instancias anteriores tardaron 6 meses: de febrero a agosto de 2020, el juez, la Cámara Federal y Casación le dijeron a Lagomarsino que sus archivos podrían ser analizados por el fiscal que lo investiga por el asesinato de Nisman. En la Corte, un año de silencio.

Sólo de un teléfono de Lagomarsino hay 2.997 hojas con información a analizar. Además hay computadoras y otros dispositivos del propio Lagomarsino -que en el otro teléfono tenía fotos de croquis con la investigación de Nisman sobre la AMIA– y de los custodios del fiscal muerto: los agentes de la Policía Federal que debían protegerlo y lo dejaron solo durante la “ventana” de 15 horas en que ocurrió el crimen.

Pero casi 7 años después, esa prueba (que podría comprometer a Lagomarsino y los custodios, o incluso beneficiarlos o resultar inocua) ni siquiera se puede mirar.

La Justicia tiene sus tiempos pero cualquiera puede ver cuándo se exceden los límites del sentido común.

Si la investigación por la muerte de Nisman se vuelve cada vez más dificultosa a medida que el tiempo pasa, no debería ser la cabeza de la Justicia el sitio donde se dilaten los plazos inútilmente, en lo que se resolvería con un simple y veloz trámite de rutina.

Es difícil entender por qué llevaría más de un año responder si corresponde que esa prueba la vea el fiscal -como dijeron todas las instancias anteriores-, o si debe hacerlo el juez.

Cualquier respuesta sería mejor que la parálisis insólita del silencio perpetuo.

Fuente Clarin