En el medio de una larga disposición interna sobre procedimiento judicial para el cobro de impuestos, la AFIP insiste en querer abrir cajas de seguridadPor Dolores Olveira

a AFIP intenta una vez más que la Justicia le permita revisar las cajas de seguridad de los contribuyentes y embargar su contenido, pero los abogados y hasta los mismos jueces dicen que así atenta contra las garantías a la intimidad.

Para lograr ese objetivo, la AFIP instauró nuevas pautas de gestión interna relativas al cobro judicial de las deudas fiscales, reavivando una polémica en torno al avance sobre el eventual embargo y secuestro del contenido de los bienes resguardados en una caja de seguridad, avisó el abogado Pablo Judkovski.

La Disposición 194/2021, publicada el martes en el Boletín Oficial, es una norma interna de la AFIP que «establece las pautas de actuación de sus agentes en las ejecuciones fiscales», indicó Ignacio Fernández Borzese, del estudio FB Tax.

En el artículo 3 determina que «en cualquier momento del proceso el representante del fisco podrá solicitar se diligencie oficio a las entidades bancarias a fin de que informen si el ejecutado es titular o cotitular de una caja de seguridad».

«Ante la respuesta positiva de la entidad bancaria, y siempre que el deudor no hubiere regularizado su situación, el representante del fisco solicitará al juez el embargo de la caja de seguridad», agrega.

Los jueces, ante una norma interna de AFIP

 

«Jamás los funcionarios fiscales pueden actuar por sí en la traba de medidas cautelares, sino que dicha medida debe estar precedida por la orden de un juez y en el marco de un expediente judicial», aclaró Judkovski.

Y el juez de ejecución fiscal Carlos Folco dijo a iProfesional que «las disposiciones de AFIP no son fuente de derecho, y sólo tienen validez interna, sólo involucran a funcionarios y empleados del órgano recaudador».

Por ese motivo, la nueva norma «no cambia nada. Las cajas de seguridad están protegidas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (que resguardan la intimidad), y sólo una orden judicial podría disponer su embargo».

El abogado Daniel Malvestiti opinó que «es un verdadero disparate jurídico. En primer lugar, porque que lo debiera facultar el legislador y no la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont . Por otro lado, no sé qué juez de ejecución fiscal va a hacer lugar al embargo de una caja de seguridad con la violación al derecho a la intimidad que ello importa».

De cualquier modo, se trata de embargos que deberán ser solicitados a los jueces y, en su caso, ordenados por ellos. Los jueces tendrán la obligación de verificar la razonabilidad del embargo requerido y adoptar los recaudos necesarios para evitar que la medida sea excesiva, que alcance bienes inembargables o que invada la privacidad del contribuyente, indicó Rodrigo Lema, socio del estudio Bulit Goñi y Lema Abogados.

Esta medida difiere en su objeto respecto de la orden de embargo sobre cuenta corriente o caja de ahorro, ya que la caja de seguridad tiene como antecedente un contrato entre una entidad bancaria y un particular que es autónomo, no es accesorio de ningún otro contrato bancario, integrando el derecho de propiedad en sentido amplio, explico Francisco Blanco, del estudio J P O’Farrell Abogado.

El contenido de la caja de seguridad es «confidencial y secreto». Así lo entendió la Cámara Comercial, Sala D, en la causa Sorrentino, donde sostuvo que por las características del contrato de caja de seguridad es esencial el secreto. «Ese elemento esencial de confidencialidad no podría ser vulnerado en ningún caso por una norma de jerarquía inferior como lo es una disposición», subrayó Blanco.

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Origen:iprofesional.com