Mariano De Vedia
Su hermana Jovina Luna transita todavía los tribunales para que se investigue el cobro de indemnizaciones millonarias a los atacantes del regimiento durante un gobierno constitucional.
De los trece guerrilleros muertos en el enfrentamiento, familiares de al menos nueve de ellos cobraron unos 81,3 millones a valores actualizados por inflación. El Estado los reconoce, además, como víctimas de la represión ilegal en el Parque de la Memoria.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno acceda a indemnizar a los familiares de los militares asesinados en el cruento ataque de 1975, Jovina Luna anticipó que pedirá una audiencia con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. «Yo quiero confiar en que el presidente Alberto Fernández y el ministro Rossi, van a ser sensibles en los reclamos de los familiares», dijo a LA NACION.
Nacida en Las Lomitas, en la provincia de Formosa, y radicada en Bragado hace nueve años, Luna ratificó en julio de 2019 su denuncia y el juzgado solicitó expedientes administrativos al Ministerio de Justicia, pero todavía espera una resolución. A ello se sumó otra similar, presentada por José D’Angelo.
A partir de los datos aportados a la causa, según pudo saber LA NACION, se investiga el pago de compensaciones a familiares de nueve de los trece montoneros muertos en el ataque: Ramón José Briggiler Reinaldo (por $16,7 millones a valores actuales), José Daniel Graziano ($14,3 millones), Alfredo Rubén Velázquez ($10,8 millones), Arturo Inocencio Mariani ($9,6 millones), Juan Sebastián Hernández ($9 millones), Luis Carlos Morero ($6 millones), Vìctor Higo Iribarren ($5,2 millones), Saúl Mario Kobrinsky ($4,7 millones) y Carlos Lorenzo Livieres Banks ($4,6 millones).
En su denuncia, Jovina Luna pidió que se investigue «quiénes autorizaron a pagar esas indemnizaciones injustas», dado que no están encuadradas en las causales previstas en las leyes de reparaciones.
Insistió en que no busca un resarcimiento económico, pero sí que se retiren sus nombres de los listados del Parque de la Memoria, donde figuran como víctimas de la represión ilegal.
La ley de reparación 24.411 y sus posteriores ampliaciones y prórrogas contemplan el pago de indemnizaciones por desaparición forzada o fallecidos por la acción del terrorismo de Estado, beneficios que luego se extendieron a los que partieron al exilio y a los herederos de las víctimas, pero que no alcanza a quienes se levantaron contra el orden constitucional.
La denuncia penal se basa en investigaciones reunidas en publicaciones periodísticas, como los libros Operación Primicia, de Ceferino Reato, y Mentirás tus muertos, del citado José D’Angelo. Para recopilar la información se cotejaron los informes oficiales de la Conadep, de 1984; el que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner (el mismo que modificó el prólogo de Ernesto Sabato), y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), de 2015, elaborado en la presidencia de Cristina Kirchner.
Además, el periodista D’Angelo analizó informaciones incluidas en varias publicaciones de organizaciones guerrilleras de los años 70, como Evita Montonera, El Descamisado y Estrella Roja, entre otras.
Por: Mariano De Vedia
Fuente LA NACION
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